lunes, 28 de julio de 2014

Paraguay estudia aplicar el Estatuto de Roma

El Presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang Hyun Song, visitó hoy Paraguay, la primera vez que lo hace una máxima autoridad de ese organismo, para estudiar la aplicación del Estatuto de Roma, que establece competencias para juzgar y condenar por crímenes contra la humanidad.

Sang Hyun Song, que se encuentra de gira por Latinoamérica, se reunió con la ministra de Justicia, Sheila Abed, con quien analizó el tema y discutió sobre las modificaciones que requeriría el Código Penal paraguayo para aplicar el estatuto creado por la CPI.

“Ahora estamos trabajando en algunos ajustes que necesitamos en la ley paraguaya para que podamos trabajar en complementariedad con el Estatuto de Roma”, dijo Abed, según un comunicado del ministerio.

La funcionaria añadió que, entre esos ajustes normativos, se encuentran asuntos como la entrega de ciudadanos, la creación de la figura de prisión perpetua para crímenes de lesa humanidad y la inclusión de algunos tipos penales que no existen en Paraguay.

“La CPI tiene algunas particularidades muy interesantes como por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, ya que fue la primera corte internacional que reconoció los delitos contra el género”, explicó Abed.

Según la ministra, este es el momento adecuado para que en Paraguay se discuta sobre ese tema ya que recientemente se ha conformado la Comisión Nacional para la Reforma Penal.

Por su parte, Sang Hyun Song manifestó su compromiso para colaborar en la plena aplicación del Estatuto de Roma en Paraguay, al recordar que para ello todos los países signatarios de este instrumento internacional comenzaron adecuando sus leyes.

“Todos los países del Asia también pasan por este proceso”, declaró.

La CPI, creada en 1998 por la ONU, está estudiando actualmente más de 22 casos por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y delitos de agresión.

Es, además, el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

En virtud del Estatuto de Roma, los autores de los crímenes más graves de trascendencia internacional pasan a ser penalmente responsables en el ámbito del derecho internacional.

miércoles, 23 de julio de 2014

Venta de uranio

Cuando se pretendió instalar una fundidora de aluminio sobre el Paraná comenzaron los cuestionamientos en ambas márgenes del río, en Itapúa y Posadas. La inquietud se debía a la falta de un estudio del impacto ambiental de la fundidora proyectada por la empresa Río Tinto. Era lo que correspondía hacer, porque la contaminación no se detendría en la frontera entre el Paraguay y la Argentina, cuyos residentes no estaban informados.

Ahora la preocupación binacional se centra en Ñeembucú y Formosa, por la intentada instalación de una planta nuclear en la provincia argentina. En rigor, va más allá de las dos localidades fronterizas, porque un accidente nuclear puede afectar un área mucho mayor. No existe planta nuclear sin riesgo, ha dicho un estudio científico realizado en Alemania, país que ha decidido cerrar todas sus plantas nucleares para 2022. Y conste que las plantas alemanas figuran entre las más seguras del mundo; no por improvisación sino por el dominio de la materia se ha decidido prescindir de la energía nuclear.

El Gobierno paraguayo, por su parte, ha demostrado una alarmante indiferencia. En julio del año pasado, el presidente Cartes dijo que no había que apresurarse para opinar sobre el asunto. Para entonces, el científico argentino Raúl Montenegro había publicado alarmantes informaciones sobre la decisión de CAREN y sus consecuencias. Cartes no se mostró alarmado: en declaraciones recientes, recalcó las excelentes relaciones entre el Paraguay y la Argentina. Altos funcionarios de su equipo dijeron que, si se instala el reactor, el Paraguay podría venderle uranio y, de paso, familiarizarse con una forma alternativa de energía, porque la hidroeléctrica ya no nos bastará.

Aparentemente, el Gobierno paraguayo acepta como un hecho la construcción de la planta, o por desinformación o por el deseo de mantener buenas relaciones con el vecino. Yo concuerdo con que debemos mantener buenas relaciones con los vecinos, pero estas no deben conducir a la aceptación de lo rechazado por ellos mismos. Debe recordarse que la empresa Dioxitek, la encargada de la construcción, tiene plazo hasta octubre de este año para retirarse de la ciudad de Córdoba; se le ha prohibido mudarse a otras localidades de la provincia de Córdoba (Despeñadero, Río Tercero y Embalse), y no se la acepta en La Rioja ni en Mendoza.

Las buenas relaciones no pueden basarse en una aceptación pasiva de las imposiciones, sino que exigen un disenso racional. Existen instancias internacionales donde el Gobierno paraguayo puede y debe hacer valer su oposición sobre un emprendimiento peligroso para los paraguayos y los argentinos, dando un gran paso hacia la consolidación de las buenas relaciones regionales. Por desgracia, no se le nota mucha voluntad de hacerlo.



Por Guido Rodríguez Alcalá

lunes, 14 de julio de 2014

Desaparición forzada

Comité contra la Desaparición Forzada: Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

 
Naciones Unidas
Naciones Unidas
CED/C/ARG/CO/ 1
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
Distr. general
12 de diciembre de 2013
Original: español

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*

El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/ARG/1) en sus sesiones 60ª y 61ª (CED/C/SR.60 y 61), celebradas los días 4 y 5 de noviembre de 2013. En su 73ª sesión, celebrada el 13 de noviembre de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe de la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por éste para aplicar las disposiciones de la Convención, lo que le ha permitido despejar muchas de sus inquietudes. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/ARG/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/ARG/Q/1), que fueron complementadas con las intervenciones de la delegación.

B.Aspectos positivos

El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Comité acoge con satisfacción asimismo que el Estado parte haya reconocido la competencia del Comité en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e interestatales, respectivamente.
El Comité celebra también las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26394); la regulación del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley 26548); el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321); y las diversas leyes de reparación.
El Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

El Comité reconoce que el marco legislativo en vigor en el Estado parte para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas son en su mayoría conformes con las disposiciones de la Convención y las obligaciones que ésta impone a los Estados. El Comité observa, sin embargo, la ausencia de información estadística que permita apreciar la implementación de las obligaciones derivadas de la Convención. Las preocupaciones que se expresan a continuación y las recomendaciones que se realizan tienen como objetivo asistir al Estado parte a reforzar el marco normativo existente, asegurando que el mismo se ajuste plenamente a todas las disposiciones de la Convención, y a garantizar que la implementación de estas normas y su aplicación estén también conformes con los derechos y obligaciones contenidos en la Convención.

Información general

El Comité acoge con beneplácito la intención del Estado parte de otorgar jerarquía constitucional a la Convención. Asimismo, el Comité nota la invocación de la Convención que se hace en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, a pesar de que la aplicabilidad directa de sus disposiciones no está claramente definida en la legislación nacional.
El Comité invita a l Estado parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar jerarquía c onstitucional a la Convención , como ha sido recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ( A/HRC/10/9/Add.1 y Corr.1, párr. 84 ) . Asimismo, e l Comité exhorta a l Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias con miras a reconocer de manera expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de la Convención .
El Comité toma nota de las iniciativas de coordinación a nivel federal y provincial, sin embargo le preocupa que no se garantice la aplicación de la Convención de manera uniforme en todo el territorio nacional.
El Comit é alienta al Estado a fortalecer las medidas de coordinación en el territorio nacional y a garantizar la plena aplicación de la Convención en todo su territorio sin limitación ni excepción alguna.

Definición y criminalización de las desapariciones forzadas (artículos 1 a 7)

El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya tipificado la desaparición forzada de personas en su Código Penal. Sin embargo observa con preocupación que la aplicación del delito de desaparición forzada presenta algunas dificultades en la práctica. El Comité toma nota con interés la información brindada por el Estado parte acerca de la iniciativa de reforma del Código Penal (art. 2).
El Comité alienta al Estado parte a asegurar que la reforma del Código P enal se ajuste plenamente a las obligaciones contenidas en la Convención , incorporando las modificaciones que sean necesarias para asegurarse que en su aplicación se cumple efectivamente el mandato contenido en su artículo 2.

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15)

El Comité acoge con beneplácito la información recibida por el Estado parte relativa a los avances en las investigaciones y enjuiciamiento de personas responsables de delitos de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social; estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad (arts. 6 y 12).
El Comité alienta al Estado parte a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada . El Comité recomienda, asimismo, que el Estado parte promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de e stas violaciones sean debidamente inve stigados, enjuiciados y sancionados.
El Comité toma nota con preocupación de los informes recibidos que dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito (art. 12).
Al respecto, el Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.
El Comité reconoce la labor de los fiscales en la investigación de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura; sin embargo recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada hayan sido relevados de su función (art. 12).
Al respecto, el Comité recomienda que en razón de su gran complejidad, la investigación de los crímenes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacitados, y en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia en la investigación de éstos delitos.
El Comité acoge con beneplácito las medidas de protección a víctimas y testigos existentes en el Estado parte. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación sobre los siguientes aspectos:
a)Que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como uno de los supuestos de intervención del programa;
b)Las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer y prestar testimonio, en muchos casos, traumáticas y revictimizantes;
c)La insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad;
d)El caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Julio López, aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualidad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos (art. 12).
El Comité insta al Estado parte a que realice todas las actuaciones necesarias , legislativas o de otra índole, para asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención . En particular, lo alienta a implementar las medidas necesarias para proteger a los testigos que se encuentren privados de libertad.
El Comité nota con preocupación la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación para evitar que las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las investigaciones. El Comité también nota con preocupación los informes que dan cuenta de casos en que los funcionarios judiciales no han adoptado las medidas necesarias para apartar de las investigaciones a las instituciones policiales o a las personas sometidas a sospecha (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4, de la Convención, adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas de las que se s ospech e que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir y/u obstruir , directa o indirectamente, el curso de las investigaciones. En ese sentido, también le recomienda que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que garantice que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche que han cometido una desaparición forzada no participen en la s investigaciones de la misma , y que se adopten todas las medidas que resulten necesarias para asegurar que esta garantía será observada en todas las investigaciones.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 16 a 23)

El Comité toma nota de la declaración del Estado parte de que no hay ninguna detención secreta en Argentina. Sin embargo, el Comité observa con preocupación la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia. El Comité observa que por las informaciones recibidas, las desapariciones forzadas que se producen en la actualidad están, en gran medida, relacionadas con detenciones administrativas que se practican de un modo arbitrario (art. 17).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, para asegurar que toda persona detenida en el territorio nacional sea sometida a un control judicial inmediato .
El Comité toma nota con gran preocupación de las informaciones que dan cuenta de que en la actualidad se están produciendo traslados de los centros de detención de un modo arbitrario o para encubrir sanciones que no se imponen a través de un procedimiento regular, lo que en algunos casos expone al interno al riesgo de desaparición forzada (art. 17).
El Comité recomienda al Estado parte que disponga todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legisla tivas, para establecer que todos los traslados estén sometidos a un control de la autoridad judicial y se realicen siempre con conocimiento del abogado y de los familiares o allegados del interno. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas de inspección y control que resulten necesarias para prevenir la realización de los traslados ilegales, así como que se sancione adecuadamente la realización de estas prácticas.
El Comité nota con interés la información suministrada por el Estado parte de que se encuentra en trámite de implementación un registro informatizado de detenidos. Sin embargo, expresa su preocupación sobre:
a)La falta de un protocolo de actuación uniforme para todas las autoridades del Estado parte a cuyo cargo se encuentran personas privadas de libertad, que se ajuste plenamente con el artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
b)La falta de un sistema de registros informatizado y uniforme que cubra todo el territorio nacional;
c)La falta de un control suficiente y adecuado sobre la actuación de las personas responsables de efectuar el registro en comisarías de policía y en los centros de detención;
d)Informes que dan cuenta de que no en todos los casos los registros son completados y/o actualizados de manera adecuada(art. 17).
El Comité recomienda que el Estado parte :
a) D esarrolle un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros, en todo el territorio nacional, donde se encuentren personas privadas de libertad , que se ajuste plenamente a l artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
b) A dopte todas las medidas para asegurar de que el Registro Informatizado de Detenidos se implemente de manera urgente y a la mayor brevedad y se ajuste plenamente al artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
c) V ele por que todos los registros y/o expedientes en los que se anoten datos acerca de personas privadas de libertad sean debidamente completados y/o regularmente actualizados con la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
d) E stablezca medidas eficaces de inspección para asegurarse de que los registros se an realizados y actualizados de acuerdo con lo establecido en la Convención y, en su caso, se sancionen adecuadamente las omisiones .
El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la ley que establece el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), pero lamenta que todavía no se encuentre totalmente operativo. El Comité recuerda la importancia de los mecanismos independientes de monitoreo de centros de privación de libertad. Asimismo, recuerda que deben tener acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en el territorio nacional. El Comité nota con preocupación la información recibida de que el Procurador Penitenciario no tiene acceso a los centros de detención de menores (art. 17).
El Comité recomienda la pronta y plena puesta en funcionamiento del MNP . Asimismo, insta al Estado parte a asegurar su independencia, así como a velar por que los mecanismos de monitoreo de centros de privación de libertad tengan acceso efectivo e inmediato a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en cualquier parte del territorio.
Si bien toma nota con satisfacción de la formación existente en derechos humanos brindada a los agentes del Estado, el Comité lamenta que no se imparta formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención (art. 23).
El Comité recomienda que el Estado parte incremente sus esfuerzos en materia de formación sobre las disposiciones de la Convención a los funcionarios públicos , de conformidad con el artículo 23 de la Convención .

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (artículos 24 y 25)

El Comité nota con satisfacción las diversas leyes que disponen medidas de reparación a víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité lamenta que las disposiciones de las respectivas leyes cubran solamente a las víctimas de los sucesos ocurridos hasta diciembre de 1983 y que no exista una legislación similar para las víctimas de las desapariciones forzadas desde esa fecha. El Comité recuerda que la reparación de las victimas y la recuperación de la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones forzadas son un compromiso permanente del Estado parte (art. 24).
El Comité alienta al Estado parte a continuar sus esfuerzos para velar por que su sistema legal garantice a todas la s víctima s de una desaparición forzada el derecho a la reparación , a la verdad y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a eliminar la limitación temporal contenida en las leyes a que se refiere el párrafo anterior.
El Comité ha tomado nota con preocupación de la falta de datos estadísticos sistemáticos sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas, en particular sobre los casos recientes de desapariciones forzadas (art. 24).
El Comité recomienda al Estado parte que recopile estadísticas sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas de desaparición forzada, con el fin de tener los elementos necesarios para mejorar las medidas de reparación.
El Comité toma nota de la Ley 24321 que establece la posibilidad de declarar la ausencia por desaparición forzada en relación con desapariciones ocurridas hasta el 10 de diciembre de 1983. El Comité lamenta que la declaración de ausencia no se aplique a las desapariciones forzadas ocurridas después de la referida fecha (art. 24).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a los familiares de los desaparecidos después de l 10 de diciembre de 1983 la posibilidad de solicitar la declaración de ausen cia por desaparición forzada .

D.Difusión y seguimiento

El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención.
Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren a consecuencia de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité pone especial énfasis en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y adaptadas a la sensibilidad de los niños y niñas en la aplicación de los derechos y obligaciones derivados de la Convención.
Se alienta al Estado parte a difundir ampliamente la Convención, el texto de su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a favorecer la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.
Observando que el Estado parte presentó su documento básico en 1996 (HRI/CORE/1/Add.74), el Comité invita al Estado parte a que lo actualice de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las Directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).
De conformidad con el reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, a más tardar el 15 de noviembre de 2014, información pertinente sobre su implementación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 15, 25 y 27.
En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 15 de noviembre de 2019, información concreta y actualizada acerca de la implementación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.
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Egipto propone un alto el fuego en Gaza a partir del martes

El secretario de Estado de EEUU John F. Kerry llamó el domingo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para reafirmar que Estados Unidos está dispuesto a aportar su ayuda para lograr una tregua, indicaron medios de prensa egipcios

http://www.eluniversal.com/int_index

Sin contradición no hay verdad! Debido proceso! Mucho para agregar......

La libertad religiosa está asegurada en nuestro país a través de la propia Constitución de 1992. Este fue uno de los pasos, tímidos, por cierto, que se dio entonces en favor de la modernidad. En su artículo 23, “De la libertad religiosa y la ideológica” no solo asegura tales libertades, sino, además, su primer párrafo termina con la frase: “Ninguna confesión tendrá carácter oficial”. En términos más simples, se afirma así que el Estado paraguayo es laico. No hay que olvidar por esto la contradicción en que cae el mismo documento fundamental cuando en su artículo 82, “Del reconocimiento a la Iglesia Católica”, dice que “se reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la Nación”. Sin negarlo, pienso que no era necesario tal reconocimiento en el documento madre de la República y que, además, se acababa de manifestar laico.

Cuando la reciente proclamación de Felipe VI como nuevo monarca español, acudió a prestar juramento en las Cortes (Parlamento), ya que es una monarquía parlamentaria, en un acto presidido por la corona, el cetro y la Constitución. No había Biblia, ni cruces ni otro símbolo religioso, pues España es un Estado laico no solo en los documentos, sino también en la vida ordinaria. La prensa destacó este hecho y recordó el juramento de su padre, el rey Juan Carlos I, sobre una Biblia y ante un crucifijo. Luego se celebró una misa. Corría el año de 1975, acababa de morir Franco pero no el régimen franquista y se vivían los estertores del nacional catolicismo.

El nuevo monarca trae aires nuevos y ha dispuesto que quienes deban jurar su cargo en el palacio de La Zarzuela no lo harán ante símbolos religiosos a no ser que el interesado así lo pida. De ahora en adelante se hará ante la Constitución que rige para todos los ciudadanos por igual, sin importar su ideología, su credo religioso, su partido político, su etnia, sus preferencias personales.

La Constitución vigente en Paraguay lleva doce años de recorrido y es necesario reconocer que hasta el momento su texto no ha sido comprendido en buena parte y mucho menos se la ha observado como era de esperar que sucediera en un Estado que se considera de derecho. Entre los olvidos figura justamente el que se refiere a la laicidad del Estado: desde oficios religiosos católicos en Mburuvicha Róga, en ministerios y otras oficinas públicas a la presencia del Presidente de la República en la fiesta de la Virgen de Caacupé, a la que puede asistir, es verdad, pero como un ciudadano cualquiera, no como el Jefe de Estado.

Hasta el momento no se ha entendido cuál es el justo alcance del Estado laico. Lejos de ser una expresión de ateísmo, como suele pensarse, es la medida más justa para garantizar a todos la práctica y observancia de su propio credo religioso. Aquella disposición de nuestra Constitución de 1940 que determinaba que la religión del Estado era la “católica, apostólica y romana” estaba justamente reñida con todo principio de tolerancia defendido por las religiones, poniéndose en pie de igualdad con esos ejércitos fundamentalistas que amenazan con destruir una buena parte del mundo. No lejos está ese artículo 82 de reconocimiento a la Iglesia Católica en la “formación histórica y cultural” de nuestro país. También han hecho lo suyo las religiones na
tivas (aunque nuestro afán civilizador las haya aplastado), los judíos, los luteranos, los protestantes, los anglicanos, los menonitas y todos aquellos otros grupos de los que me pueda estar olvidando.

La actitud española es ejemplar y que como tal nos sirva. No hay que olvidar que durante los años de la dictadura, el Estado solo reconocía el matrimonio religioso, vale decir, el católico. Si alguna pareja deseaba pasar por el Registro Civil, podía hacerlo; pero el acto valedero era el que pasaba por la Iglesia Católica. No se permitía ser agnóstico, ateo o de cualquier otro credo religioso.

Por último, queda el tema del juramento. Para los fines legales, uno puede jurar poniendo la mano sobre lo que quiera. No me obliguen a recordar aquellas Olimpiadas griegas en las que los atletas prestaban juramento sobre los testículos (testes) de un jabalí sacrificado a Zeus. De allí justamente vienen los términos “testigo” y “testículos”, pues “testiculum” es un diminutivo del primero. Es tan clara su inutilidad que hasta el momento no he visto nunca un juicio por perjurio y vaya si no lo cometen nuestros políticos. A diario.

Por Jesús Ruiz Nestosa

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/contradicciones-del-estado-laico-1265805.html



Ya no podemos afirmar que en Paraguay no existe la investigación científica. Hago esta optimista afirmación desde la  Feria de la Investigación y Divulgación Científico-educativa. Este evento, que por segundo año organiza el Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”, tiene por objetivo principal mostrar la producción científica en el ámbito de la educación superior y de los institutos de investigación. La respuesta no pudo ser más auspiciosa. Muchas facultades e institutos instalaron sus estands y mostraron como la investigación científica va creciendo en nuestro país.



En una de las conferencias centrales, el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) del MEC divulgó cuales son las líneas principales de investigación que están desarrollando. Estas líneas se lograron luego de un arduo proceso de consulta a los principales actores del sistema educativo nacional. Luego de participar de la ponencia, no se puede dudar que el MEC al menos tiene bien claro qué cosas debe investigar para luego mejorar su política educativa. Otra vez no podemos menos que ser optimistas en ese sentido, pues vemos un equipo comprometido y que ha buscado y encontrado un norte. Esperemos que los cambios sucesivos de gobierno comprendan que estas investigaciones deben ser una política de Estado y sigan promoviéndolas.

Justamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó su Libro Blanco, el cual contiene la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. El espíritu del libro no solo enfatiza la importancia de la investigación para lograr mayor desarrollo, sino que recuerda que se trata de un proceso de largo aliento que solo puede dar resultados si los gobiernos que se van sucediendo no interrumpen con sus intereses sectarios la continuidad de los proyectos.

Se investiga en Paraguay. Eso es innegable. Los estands rebosaban de revistas y libros, resultados de mucho trabajo de los miles de investigadores desperdigados por el país.

La entrada de las empresas como financiadores de las investigaciones, junto con el Estado, cerrarán el triángulo de Sabato en el cual la última punta lo constituyen los centros de investigación y universidades. Así, Estado, empresas e investigadores se aliarán para conformar un sistema productor de conocimientos que luego puede ser aplicado para la innovación, el desarrollo y la instalación de políticas cada vez más efectivas.

Fue una jornada maravillosa porque muestra una cara del país que muchos no conocen pero que existe con mucha fuerza: el Paraguay que con mucho sacrificio produce ciencia y quiere ser incluido en la sociedad del conocimiento.

Por Sergio Cáceres Mercado

http://www.ultimahora.com/se-hace-ciencia-paraguay-n811859.html










Ciencia made in Paraguay

Ya no podemos afirmar que en Paraguay no existe la investigación científica. Hago esta optimista afirmación desde la  Feria de la Investigación y Divulgación Científico-educativa. Este evento, que por segundo año organiza el Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”, tiene por objetivo principal mostrar la producción científica en el ámbito de la educación superior y de los institutos de investigación. La respuesta no pudo ser más auspiciosa. Muchas facultades e institutos instalaron sus estands y mostraron como la investigación científica va creciendo en nuestro país.

En una de las conferencias centrales, el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) del MEC divulgó cuales son las líneas principales de investigación que están desarrollando. Estas líneas se lograron luego de un arduo proceso de consulta a los principales actores del sistema educativo nacional. Luego de participar de la ponencia, no se puede dudar que el MEC al menos tiene bien claro qué cosas debe investigar para luego mejorar su política educativa. Otra vez no podemos menos que ser optimistas en ese sentido, pues vemos un equipo comprometido y que ha buscado y encontrado un norte. Esperemos que los cambios sucesivos de gobierno comprendan que estas investigaciones deben ser una política de Estado y sigan promoviéndolas.

Justamente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó su Libro Blanco, el cual contiene la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. El espíritu del libro no solo enfatiza la importancia de la investigación para lograr mayor desarrollo, sino que recuerda que se trata de un proceso de largo aliento que solo puede dar resultados si los gobiernos que se van sucediendo no interrumpen con sus intereses sectarios la continuidad de los proyectos.

Se investiga en Paraguay. Eso es innegable. Los estands rebosaban de revistas y libros, resultados de mucho trabajo de los miles de investigadores desperdigados por el país.

La entrada de las empresas como financiadores de las investigaciones, junto con el Estado, cerrarán el triángulo de Sabato en el cual la última punta lo constituyen los centros de investigación y universidades. Así, Estado, empresas e investigadores se aliarán para conformar un sistema productor de conocimientos que luego puede ser aplicado para la innovación, el desarrollo y la instalación de políticas cada vez más efectivas.

Fue una jornada maravillosa porque muestra una cara del país que muchos no conocen pero que existe con mucha fuerza: el Paraguay que con mucho sacrificio produce ciencia y quiere ser incluido en la sociedad del conocimiento.

Por Sergio Cáceres Mercado

http://www.ultimahora.com/se-hace-ciencia-paraguay-n811859.html









Slim venderá en 6 meses parte de América Móvil



El empresario mexicano Carlos Slim asegura que el gigante de las telecomu­nicaciones América Móvil buscará definir rápida­mente una venta de activos en México, probablemente en menos de seis meses.

Para Slim, lo más lógico es que esa venta, necesaria para que la empresa se sa­cuda la etiqueta de jugador preponderante en el mer­cado local y pueda librarse de algunas regulaciones y restricciones, se haga a una sola compañía.

“Lo que se está buscan­do es que el que compre sea un inversionista o una empresa que invierta, con capacidad, experiencia y fortaleza”, señaló Slim en una entrevista el jueves por la noche, en su oficina en Ciudad de México.

“Ahora, si en lugar de una son dos empresas, no sé, no podemos nosotros saber cómo va a ser, pero lo más lógico es que sea una empresa”, dijo. Al ser preguntado acerca de si la operación podría estar culminada en unos seis meses, respondió: “Para nosotros seis meses no es bastante rápido, es lento (...) yo creo que estas cosas deben definirse, cuando menos estar en la mesa, muy rápido”.

América Móvil, que tiene el 70 por ciento del mer­cado de móviles y más de 60 por ciento del de línea fija de México, busca ven­der un paquete “transver­sal” de sus activos que sea atractivo para el eventual comprador y le permita competir en todo el país, de acuerdo con Slim.

“Algunos dicen que vamos a vender a los clientes de bajos ingresos, pero nadie compraría eso”, agregó. Slim no quiso pronun­ciarse sobre qué empresas podrían ser las eventuales compradoras del paque­te de activos, ni tampoco cuántos recursos podría dejarle la venta a América Móvil. No tiene “una predi­lección”, por lo que el pos­tor que ofrezca las mejores condiciones se llevará los activos.

viernes, 11 de julio de 2014

Paraguay no pedirá la presidencia pro témpore



El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, informó hoy que Paraguay no pedirá la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur) durante la cumbre prevista para el 29 de julio próximo en el que el país volverá a participar de una cumbre de jefes de Estado del bloque, luego de su suspensión política en junio de 2012.

 

“La presidencia vamos a pedir nosotros que siga el orden alfabético, no hay ningún problema, Venezuela y luego Argentina. Para el Paraguay hoy no pasa la presidencia del Mercosur como una cuestión sine qua non”, informó hoy el canciller en conferencia de prensa.

La cumbre del Mercosur está prevista para el 29 de julio. “Yo personalmente recibí la información del propio canciller venezolano Elías Jaua, la coordinación ya hizo llegar la serie de reuniones previas en el marco de la cumbre”, indicó Loizaga.

En cuanto a la postura paraguaya en la cumbre, el canciller señaló que “todas las decisiones que fueron tomadas durante la decisión injusta de Paraguay ya han sido cuestionadas y han sido reconocidas estas peticiones hechas por el gobierno paraguayo”.

Con respecto a la incorporación de Bolivia como socio pleno del bloque, decisión tomada también durante la suspensión del Paraguay, el canciller señaló que ya se ha conversado con el gobierno boliviano y se acordó iniciar un proceso de negociación para la suscripción del ingreso de Bolivia al Mercosur.

“Queremos que Bolivia ingrese porque es para el Paraguay un socio muy importante así como Paraguay es para Bolivia. Tenemos que ir construyendo esa confianza que comenzó con la visita del presidente Horacio Cartes al presidente Evo Morales”, añadió.

Estimó que en las próximas semanas ya se estaría comenzando con Bolivia el procedimiento para la firma del acuerdo que posteriormente será enviado al Congreso paraguayo para su ratificación.

La ilegalidad no puede ser "normal"

Cuando el incumplimiento de una ley se torna tan normal y el castigo de los infractores se deja impune, esta se convierte en letra muerta. Tal es el caso de muchas normas legales de nuestro país. El hecho de que una ilicitud no sea castigada no significa que esté bien y menos cuando se trata de hechos  graves, que el sentido común enseña que no está bien y que es perjudicial para la vida del país, como es el contrabando.
Cuando se hace pública alguna intervención o simplemente cuando se desnuda el esquema de corrupción que permite el contrabando, muchas personas rechazan la persecución de esta actividad ilícita, con el pretexto de que muchas personas pobres dependen del paso de productos de contrabando para comer, que todos trabajan en eso, sobre todo en Ciudad del Este y alrededores, que es normal, que nunca se hizo nada y que es llamativo que se inicie tal o cual procedimiento, etcétera.

Hace apenas unos días una ciudadana brasileña brindó una lección de dignidad al retornar de Río de Janeiro hasta Ciudad del Este, para denunciar que le vendieron un teléfono presuntamente falsificado. Probablemente el costo del viaje fue mayor que el monto recuperado, pero lo que logró fue poner en evidencia a los comerciantes sinverguenzas que van destruyendo lentamente a la capital del Alto Paraná. Sin embargo, antes que felicitar la acción valiente de la denunciante, en las redes sociales se pudieron leer varias critícas a su actitud.

Como de costumbre se defiende a los estafadores, a los contrabandistas, ya sea el que opera en moto, trayendo pequeña cantidad de productos prohibidos como el que se hace a gran escala en container y aviones cargueros, sin darse cuenta de que este tipo de actividades destruyen y pudren finalmente a toda la sociedad.

Cuando los hechos irregulares se convierten en “normales” se evidencia el grado de destrucción y de deterioro moral de la sociedad y eso es más que preocupante porque se pone en peligro la vigencia misma de un estado. Las sociedades decadentes con autoridades corruptas desaparecieron el mapa de la historia o se convierten en lo que en la actualidad se denominan “estados fallidos”. Es un aspecto que como sociedad se debe comenzar a analizar. -

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miércoles, 9 de julio de 2014

USD 400 millones a disposición de Paraguay

Jesko Hentschel, Director del Banco Mundial por ConoSur, se reunió con el Presidente de la República, Horacio Cartes, en Palacio de Gobierno. El representante de la entidad bancaria internacional señaló que las intenciones de reducción de la pobreza en el país es bien vista por el organismo que comprometió la consecución y potenciación de proyectos en vigencias, y otros nuevos a ser aplicados.

Hentschel, precisó que el organismo internacional cuenta con una línea de crédito de, 400 millones de dólares para el actual periodo gubernamental, con el plan de apoyar los proyectos destinados a la eliminación de la pobreza extrema, y la disminución de las desigualdades en Paraguay.

La autoridad internacional destacó que la nueva línea de crédito comprende, 100 millones de dólares, que serían destinados a la estratégica con el fin de crear un fondo de contingencia ante fenómenos climáticos, daños en la producción agrícola, entre otros imprevistos.

Asimismo, dentro del monto total se prevé un aumento del crédito agrícola de, 100 millones de dólares, que ya se encuentra en el Congreso para su aprobación, y que consiste en potenciar las viviendas rurales.

Inicialmente, el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS), es un proyecto del Gobierno del Paraguay ejecutado y administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en co-financiamiento con el Banco Mundial por, 37.5 millones de dólares.

Su objetivo es la mejora sostenible de la calidad de vida de los pequeños productores campesinos y comunidades indígenas, a través del fortalecimiento de la organización para la autogestión integral del manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.





Apartan a un Juez por comentar un caso en Facebook

El Tribunal de Apelaciones de Paraguay resolvió apartar al juez Oscar Delgado de una causa por “falta de decoro” tras publicar en la red social Facebook una noticia de un diario local sobre uno de sus casos, informaron hoy fuentes judiciales.

René Fernández, el fiscal Anticorrupción en la causa, dijo a Efe que la recusación del magistrado “es un caso sin precedentes” en la Justicia paraguaya.

“El juez nunca denotó una falta en su deber de imparcialidad. No estamos de acuerdo porque no nos consta que haya habido una actuación contraria a derecho”, dijo el fiscal.

El proceso en cuestión es contra el expresidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI) Rubén Darío Quesnel, otros dos exfuncionarios de esa entidad y el presidente de una fundación.

Están acusadas de apropiarse de 3.127 millones de guaraníes (unos 700.000 dólares) destinados a cumplir fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de dos comunidades indígenas.

Delgado compartió en octubre de 2013 en su cuenta en Facebook un artículo en el que se informaba de que un tribunal había rechazado un pedido de recusación contra él, sin que añadiera ningún comentario propio, según el diario ABC Color.

La abogada de Marlene Mendoza, una de las imputadas, quien era administradora del INDI, hizo la nueva solicitud de recusación en base a esa acción del juez.

Ireneo Téllez, abogado de la ONG local Tierraviva, que representa a los afectados por la supuesta estafa, destacó que mientras en Paraguay no hay precedentes de una recusación de un juez por compartir una noticia en Facebook, “en otros casos se ha pedido la recusación con fundamentos muchos más fuertes y no se ha dado lugar”.

“Esto depende de lo mediático que sea el caso, hemos tenido otras causas donde a habido violaciones procesales e incluso se ha discutido la imparcialidad del juez, que ha mostrado evidentes actitudes parcialistas y no han sido consideras por el Tribunal de Apelaciones”, dijo a Efe Tellez.

“Le recusan por falta de decoro y con eso se frustra la audiencia preliminar”, añadió.

Según el fiscal Fernández, aunque “existen pruebas suficientes” para determinar que la malversación fue realizada por los acusados, la recusación del juez deja un “panorama incierto” para un caso que ya se ha dilatado más de un año.

Según la Fiscalía, los imputados se apropiaron del dinero que estaba depositado en dos cuentas del Banco Nacional de Fomento a principios del año pasado.

El actual presidente del INDI, Jorge Servín, descubrió el agujero al revisar los saldos financieros de la entidad y denunció el caso el pasado septiembre.

El Estado paraguayo había destinado los casi 700.000 dólares a cumplir con las dos sentencias a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoymaxa, del pueblo Enxet, en las que la CorteIDH consideró probada la violación de sus derechos humanos.

Ambas comunidades fueron despojadas de sus tierras ancestrales, que ahora están en manos de ganaderos, y viven al costado de sendas carreteras en el Chaco paraguayo desde hace más de 20 años.

Los otros imputados, además de Quesnel y Mendoza, son el presidente de la fundación “Reforest Par”, Óscar Enrique Viera, y el exfuncionario del INDI Ever Otazo Martínez.


Subasta de frecuencias 4G para construir casas para damnificados


Paraguay subastará frecuencias de internet móvil de cuarta generación (4G) y usará la recaudación para construir viviendas para entre 4.000 y 7.000 familias damnificadas por las inundaciones que sufre el país, según informó hoy el Gobierno.

Las empresas del sector han solicitado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) un mayor espectro electromagnético para ofrecer un mejor servicio de datos a través del teléfono, pues las conexiones actuales están “congestionadas” y “saturadas”, explicó hoy el presidente de esa entidad, Eduardo Neri González.

“Lo que va a hacer este espectro LTE (como también se conoce al 4G) es destinar una ruta o un canal específico para datos y otros canales que puedan ser utilizados en mayor medida para voz y de esa manera generar una gestión más eficiente”, aseveró tras un encuentro con el presidente, Horacio Cartes.

El Estado destinará lo que reciba de las operadoras para la construcción de viviendas para entre 4.000 y 7.000 familias afectadas por las inundaciones, que han desplazado a unas 240.125 personas en Paraguay.

Neri González dijo no contar con una estimativa de cuánto dinero podría generar la subasta, dado que en otras naciones las frecuencias para 4G se han vendido por valores variados.

En América Latina, Brasil, Chile y Colombia son los países que más han avanzado en la implantación de esa tecnología, según un informe de 4G Américas presentado en Río de Janeiro en abril.

El Gobierno brasileño anunció entonces que su próxima subasta de frecuencias para 4G tendría lugar el próximo agosto y que con ella esperaba recaudar entre 7.000 y 8.000 millones de reales (entre 3.150 y 3.600 millones de dólares).

Neri González explicó que Paraguay realizará “una subasta pública abierta y transparente”, en la que podrán participar empresas nacionales o extranjeras, para la cual estudia la mejor fecha.

“Esto se va a realizar este año, calculando entre 90 días a más tardar ya podríamos tener todo definido hasta iniciar la etapa de la subasta”, aseveró.




La creciente de los ríos

Periódicamente, tanto el río Pilcomayo como los ríos Paraguay y Paraná experimentan crecidas debido a precipitaciones pluviales que abarcan grandes áreas de Bolivia, Paraguay y Brasil. En el caso del río Pilcomayo las crecientes son anuales y predecibles, aunque no se puede precisar con antelación el volumen de las mismas. Y tratándose de los ríos Paraguay y Paraná, si bien tienen periodos de creciente y de estiaje, hay años, como el actual, en que las crecientes superan todas las predicciones.

En el caso del río Pilcomayo, las lluvias que alimentan las crecientes anuales tienen su origen en los vientos alisios que soplan en la zona central de la América del Sur, de Este a Oeste, es decir del Océano Atlántico al Pacífico. Estos vientos, al pasar por el Amazonas, transportan la humedad evaporada del río y al chocar contra la cordillera de los Andes, en Bolivia, esta humedad se condensa y cae en forma de lluvias torrenciales que originan el río. Este fenómeno se produce en el verano austral (verano del Sur de la Tierra) y tienen una fecha bastante exacta porque, para el Paraguay, la creciente comienza aproximadamente el 8 de diciembre. A esto hay que agregar que en la zona boliviana de los Andes, prácticamente no hay nieve, lo que significa que las crecientes del Pilcomayo se deben exclusivamente a las precipitaciones pluviales.

En cuanto a las crecientes de los ríos Paraguay y Paraná, si bien se deben también a las precipitaciones pluviales, estas tienen un origen distinto. El Océano Pacífico es de aguas muy frías, pero hay años en que, por razones desconocidas, la temperatura del agua asciende 2 grados. Esto se produce alrededor de la Navidad, razón por la que el fenómeno fuera bautizado por los pescadores de Chile, Perú y Ecuador como El Niño. Este fenómeno produce dos efectos: Primero, los peces migran hacia zonas de aguas más frías y, en consecuencia, disminuye la pesca en los países antes mencionados. Segundo, ese aparentemente pequeño aumento de la temperatura del agua produce la evaporación de un volumen incalculable de agua que se precipita en forma de copiosas lluvias en la parte central del Continente Sudamericano. Por ejemplo, en el Perú nunca llueve, lo mismo que en el desierto de Antofagasta de Chile, lo que cambia algunas veces cuando viene El Niño. Y en lo que al Paraguay, Brasil y Argentina se refiere, El Niño es el causante de las copiosas lluvias que hoy están desbordando los ríos Paraguay y Paraná con las consecuencias dramáticas de las inundaciones que estamos viviendo tanto nosotros como nuestros vecinos Brasil y Argentina.



Por Horacio Sosa

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-creciente-de-los-rios-1264066.html

La Cumbre del Mercosur

Finalmente, las varias veces postergada Cumbre del Mercosur se llevará a cabo el 29 de julio en Caracas, Venezuela, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro de los presidentes del bloque se suspendió en cuatro oportunidades, lo que constituye un claro indicador del estado en que se halla esta iniciativa de integración regional.

A ninguno de los países miembro pareció preocuparle demasiado las sucesivas prórrogas ni que la presidencia pro témpore permaneciera en manos venezolanas por más tiempo del debido. La Cumbre tenía fecha para diciembre del año pasado y por pedido primero de la presidenta argentina, luego de la brasileña y al fin del mandatario venezolano se fue posponiendo hasta ahora, cuando ya estamos en la segunda mitad del año. No son un dato menor estas postergaciones.

Un gran número de asuntos concernientes al Mercosur solo pueden ser tratados y resueltos en la más alta instancia, es decir con la participación de los jefes de Estado. Que transcurran casi ocho meses entre el día pautado inicialmente y la concreción de la Cumbre es una muestra de la debilidad institucional y política del bloque. Esta debilidad contrasta vivamente con el vigor que exhibe otro proceso de integración en el continente: la Alianza del Pacífico.

Este bloque conformado por Chile, Perú, Colombia y México viene cumpliendo puntillosamente sus plazos y objetivos, basado en una actitud mucho más pragmática que pone en primer lugar los temas de integración comercial y económica y deja en un segundo plano las discusiones políticas o las afinidades ideológicas. El Mercosur cumplió 23 años en marzo pasado, aniversario del Tratado de Asunción. En abril, se recordaron los primeros tres años de la Declaración de Lima, punto fundacional de la Alianza del Pacífico. A pesar de la diferencia de edades, el bloque del Pacífico parece más cerca de la madurez que nuestro Mercosur.

Está claro que esta iniciativa de integración fue desde un principio un proyecto diseñado en función de los intereses y de la visión de las economías más fuertes de esta parte del continente. Más de dos décadas después, el balance para los socios menores no puede calificarse de positivo. Brasil busca con el Mercosur un respaldo a su proyección mundial como potencia emergente. La iniciativa de integración regional es su ámbito natural de hegemonía y la plataforma desde la cual negociar y dialogar con las demás naciones poderosas del planeta. Al igual que Brasil, Argentina sostiene actitudes y medidas proteccionistas que atentan directamente contra la letra y el espíritu del Mercosur.

Esta iniciativa de integración es en su origen y esencia un acuerdo comercial destinado a permitir el libre tránsito de mercancías de un país a otro. Paraguay respetó siempre las disposiciones del Tratado, permitiendo que la producción argentina y brasileña copen su mercado, en más de una oportunidad poniendo a empresas nacionales en condiciones de inferioridad. No ocurre lo mismo en sentido inverso. No se encuentra la misma coherencia del otro lado de la frontera.

Los industriales paraguayos conocen muy bien el “espíritu de integración” de las autoridades de los países vecinos, que además de las trabas arancelarias agregan una gran cantidad de obstáculos, exigencias y requisitos que forman una muralla que los productos fabricados en Paraguay prácticamente no pueden atravesar. Es crucial para el futuro del Paraguay que las autoridades comprendan que el mundo va mucho más allá de los países vecinos y hoy existe la posibilidad de construir acuerdos y alianzas –comerciales y de cualquier otro tipo– con países lejanos dentro y fuera del continente.

Si el Paraguay ratifica su apuesta por el Mercosur, tiene la obligación de reclamar cambios de fondo en las relaciones comerciales hoy vigentes.



http://www.lanacion.com.py/articulo/170282-la-cumbre-del-mercosur.html

sábado, 5 de julio de 2014

OEA respalda a Argentina ante la "aberración" de los fondos buitre


TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN

A Argentina se le acaba el tiempo para negociar una salida con los “fondos buitre” y evitar el segundo default en lo que va de siglo. A juicio del gobierno de Buenos Aires, el problema además no es solo económico, es también político, una cuestión de “soberanía”. Por ello, requiere una acción “urgente” de la comunidad internacional para frenar una situación “desquiciada” que puede sentar un peligroso precedente mundial y “poner en jaque” a todo el sistema financiero internacional.

Con este mensaje acudieron el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y de Economía, Axel Kicillof, que reclamaron durante una reunión extraordinaria de cancilleres “soluciones urgentes, no sólo pronunciamientos”. Es decir, una actuación “pronta” de la comunidad internacional para que su país no caiga en el “precipicio” que supone la obligación judicial de pagarle a los “fondos buitre”.

“Vamos a seguir negociando [...] pero no vamos a aceptar la extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino, vamos a negociar, pero no nos vamos a suicidar”, proclamó Timerman.

“Argentina está comprometida con el diálogo, quiere negociar como lo ha hecho siempre, pero pide igualdad de condiciones”, corroboró Kicillof.

El gobierno argentino tiene el lunes una cita en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador entre el país sudamericano y los fondos de inversión que no quisieron aceptar una quita de su deuda. El abogado fue designado por Thomas Griesa, el juez estadounidense que ha ordenado al gobierno de Cristina Fernández pagar a los “fondos buitre” los 1.300 millones de dólares que le reclaman desde hace años a Buenos Aires. Kicillof aseguró desde Washington que su delegación acudirá a la cita, pero para negociar se necesita, subrayó, que las condiciones sean “justas, equilibradas y legales y que contemplen los derechos del 100% de los acreedores” del país sudamericano.

“No podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión y le pedimos al mundo, a la OEA, que tome cartas en el asunto”, pidió.

En las cuatro horas de reunión en la sede de la OEA en Washington no faltaron las entusiastas manifestaciones de solidaridad —”hagamos un solo bloque de apoyo irrestricto”, pidió el canciller venezolano Elías Jaua— y hasta de condena del “cáncer para la humanidad” que supone en líneas generales el sistema capitalista, en palabras de su par boliviano David Choquehuanca.

Elocuencias aparte, en la región caben pocas dudas: la situación en que se encuentra Argentina tras la decisión judicial es una “injusta aberración” que “no solo amenaza la estabilidad financiera (argentina) sino que daña gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han venido desarrollando con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito”, advirtió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Pero a la hora de los hechos, más allá de un “pleno apoyo” a la posición argentina, no se concretaron la noche del jueves en Washington propuestas pese al consenso, constatado en la declaración final, sobre la necesidad de “contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda en forma ordenada”.

Así, en su declaración final la OEA se limita a unirse a otras organizaciones internacionales en su “pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”.

Y también su “respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores”.

Es “esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional”, subraya la declaración, “garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados”.

Pese a lo suave de la declaración —el texto no tiene siquiera el peso de una resolución— Estados Unidos dijo verse obligado a poner una “nota a pie de página” manifestando que no puede apoyar el texto porque “sigue el asunto sigue en el proceso judicial”. También Canadá se desmarcó de la iniciativa, pese a “reconocer la posición difícil” en que se encuentra Argentina y los pasos que ya ha dado.

El canciller argentino lamentó que Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, eludieran unirse al respaldo “amplio y explícito” del resto del hemisferio, sobre todo cuando Washington “año tras año nos inunda con informes sobre la situación doméstica” en cada una de las demás naciones.

Aun así, Timerman y Kicillof manifestaron su “inmensa satisfacción, alegría y orgullo” por el “unánime apoyo de América Latina y el Caribe” a la posición argentina y su “unánime rechazo a los fondos buitre”

viernes, 4 de julio de 2014

Sin educación de calidad no hay futuro

El Foro Económico Mundial presentó hace algunas semanas su Informe de Competitividad Global que contiene resultados alarmantes para nuestro país, especialmente en lo que concierne a la educación. El Informe coloca a Paraguay en el lugar 138 de una lista de 148 naciones, solo unos puntos por encima de Burundi, en África; y de Haití, el país más pobre de América. El documento pone a la educación primaria y terciaria paraguaya en los rangos más bajos a nivel planetario.


En concreto, el análisis señala que es inapropiada la especialización de la fuerza laboral con miras a proyectos de innovación. Se hace particular mención del pésimo desempeño de la educación paraguaya en matemáticas y ciencias, materias fundamentales en cualquier proceso de formación.

El estudio del Foro Económico Mundial viene a sumarse a una considerable cantidad de documentos similares, elaborados por diferentes organizaciones e instituciones, que coinciden básicamente en el mismo diagnóstico: en las condiciones actuales la educación paraguaya no cumple ni remotamente sus propósitos y no tiene la menor utilidad como factor de crecimiento económico o de desarrollo social.

A juzgar por los resultados que saltan a la vista, los programas y currículos, los sistemas de evaluación y el modelo pedagógico en el aula carecen de eficacia y solo sirven para que el Estado “cumpla” formalmente con una de sus responsabilidades. Pero, en términos estrictamente prácticos y observando con objetividad nuestra realidad, es más que patente que los niños y jóvenes paraguayos no cuentan con las herramientas intelectuales, científicas y culturales para su desenvolvimiento como individuos y para la construcción de una sociedad más avanzada, justa y libre. Seguir creyendo que nuestras escuelas y colegios verdaderamente preparan a los chicos y jóvenes para los desafíos del presente y del futuro es una ilusión, un engaño, un callejón sin salida. Es imperioso, es urgente, emprender sin pérdida de tiempo una profunda transformación en la educación paraguaya. Para el Paraguay, que se encuentra entre los países más pobres y atrasados de la región, no existe absolutamente nada más prioritario que la educación de calidad.

Nuestro país podrá tener excelentes cosechas agrícolas, ganar más y mejores mercados para la carne, generar abundante energía, pero jamás podrá consolidar un crecimiento económico general y construir una sociedad libre y justa sin una apuesta radical y permanente por la educación.

En primer lugar, la formación docente, ya que los maestros son los actores protagónicos del proceso educativo. Cualquier cambio o mejora que se intente introducir en las escuelas, colegios y universidades de nuestro país debe asentarse en un sólido y sostenido trabajo con los docentes. En segundo lugar, es preciso también enfatizar la necesidad de mejorar la enseñanza de las materias básicas e instrumentales, como el lenguaje, las matemáticas y las ciencias.

Sin niños y jóvenes con una comprensión cabal de matemáticas y ciencias serán totalmente inútiles las computadoras más avanzadas.

Finalmente, es necesario poner el acento en la necesidad de invertir en infraestructura, equipamientos y capacitación mediante la aprobación de un presupuesto sustancialmente mayor a la educación. Las mejores intenciones naufragarán sin remedio si no se coloca a la educación como una prioridad absoluta al momento de la asignación de los recursos.

Estos ejes se vinculan a un objetivo central: convertir a la educación en una causa nacional, tomando conciencia de que es el único camino para superar el atraso, la ignorancia y la pobreza.