martes, 12 de agosto de 2014

Los más amados

A ver cómo les queda el ojo a los pesimistas, amargos y negativos de siempre. El Paraguay es uno de los países donde la gente se siente más amada. Esto según la encuestadora Gallup, que nuevamente este año nos sorprende con los resultados de un sondeo. Los de Gallup fueron a visitar 136 países y les hicieron esta pregunta: “¿Experimentó amor durante gran parte del día de ayer?”.

Las respuestas generaron el siguiente ránking: en los primeros lugares se ubican Filipinas (93%), Rwanda y Puerto Rico, seguidos por Hungría con un 89%, Chipre y Trinidad y Tobago con un 88%, y Paraguay con un 87%.

La información fue publicada en diversos portales internacionales y, aunque escueta, demuestra que este bendito país es nomás luego el paraíso en la tierra.

No hace mucho, en mayo, la misma empresa dio a conocer el resultado de otra encuesta.

Esa vez resultó que Paraguay era el país que produce más “energía positiva” para el mundo. Ese dato se interpretó como que somos el país más feliz del planeta.

La noticia dio vueltas al mundo y desde entonces el universo entero quiere venir a conocernos.

Según Gallup, el 87% de la población paraguaya produce lo que se conoce como “buenas vibraciones”.

De hecho, el estudio detallaba que el 70% de la población adulta ríe, bromea y sonríe frecuentemente en su día a día.

La Encuesta. Volviendo al sondeo entre los que se sienten amados, se debe aclarar que el único detalle que está ausente en la información es a quién le preguntaron.

Y como no ofrecen pista alguna, solo nos resta hacer suposiciones.

Es muy probable que los encuestadores le hayan preguntado al director de Itaipú y a sus ingresos de 108 millones. O le habrán preguntado al chofer que solo en horas extras gana 18 millones. O a la limpiadora que gana 8 millones. Por cierto, tampoco se aclaró qué cantidad de turbinas limpia la señora.

Para saber si se sienten amados los paraguayos estoy más que convencida de que los de Gallup hablaron con el director de copias del Senado; con el alto mando de Yacyretá que gana 90 millones, y con todos los funcionarios que reciben 4 aguinaldos.

87 por ciento de los paraguayos se sienten amados, y eso, señora, no es poco.

Porque es imposible no sentirse amado por todo un país que les paga salarios millonarios y viajes a Las Vegas y a Cancún a sus diputados y senadores, y a cambio no les pide ni exige absolutamente nada.

Brigitte Colmán

viernes, 8 de agosto de 2014

Visión de Brasil para Paraguay y América Latina

La entrevista con José Felicio, embajador de Brasil en Paraguay, es fluida, agradable, propia del encuentro con un gran conversador que maneja con precisión todos los temas y fija muy directamente la política del gigante suramericano hacia el resto de América Latina.

Embajador antes en Uruguay y Cuba, el diplomático emprende con entusiasmo la presente tarea de mantener y mejorar los vínculos con Paraguay pero también llevar adelante los proyectos económicos y comerciales que son fundamentales para ayudar al Estado guaraní en imprescindibles planes de desarrollo.



Existe en el aspecto económico, más allá de la presencia brasileña en distintas áreas de esa especialidad algo trascendente que une a las dos naciones como expresión física a tener siempre en cuenta: la enorme hidroeléctrica de Itaipú.



Considerada la mayor de su tipo en el mundo, con sus 20 turbinas generadoras de energía y funcionando a plena capacidad, es inevitable punto de referencia a la hora de hablar sobre algo que une a Brasil y Paraguay.



Es uno de los más grandes proyectos binacionales existentes en el planeta, funciona muy bien, rompió el año pasado record de producción mundial y fue construida con recursos brasileños en los años 80, cuando algunos hablaban de una década perdida para América Latina, señaló el embajador.



La falta de industrialización paraguaya le impide consumir toda la parte de electricidad que le pertenece y por ello la vende a Brasil, de acuerdo con el Tratado vigente ,lo cual le proporcionó el pasado año ingresos por mil millones de dólares, de acuerdo a Felicio.



De acuerdo a los datos que aporta el comercio bilateral se estima en tres mil millones de dólares sin contar ese pago por la energía y en dos ocasiones la revisión de las cifras de venta de la energía permitieron aumentos del pago brasileño por acuerdos de su Congreso triplicando el monto a recibir por Paraguay.



Siempre hemos tenido en cuenta la asimetría existente en las economías de los socios del Mercosur como son Paraguay y Uruguay a fin de ayudarlos a progresar y por eso se creó un Fondo especial de unos 100 millones de dólares en el cual Brasil pone el 70 por ciento de los recursos aportado desde nuestro Presupuesto y del que Paraguay recibe la mayor parte, concretamente 70 millones, para los proyectos que quiera emprender, añadió.



Felicio recordó que, paralelamente, Brasil se hizo cargo de financiar con una parte de tal Fondo y otra de donación una línea de transmisión de energía desde Itaipú hasta Asunción con un costo de 500 millones de dólares y la reparación de las estaciones de distribución para facilitar a los paraguayos ofertar esa energía a las empresas que se instalen en el país.



Ahora estamos ayudando al gobierno paraguayo a traer inversiones de empresas brasileñas, precisamente de las que consumen energía, sobre todo las enclavadas en los estados brasileños vecinos de Matto Grosso do Sul, Paraná y Santa Catarina y ya vemos algunos resultados, pues de toda la inversión extranjera llegada a Paraguay en los últimos dos años lo principal proviene de empresas brasileñas, manifestó Felicio. Puntualizó que esto es algo muy importante para el futuro paraguayo, pues el país va a ganar con la creación de fuentes de trabajo, el cobro de impuestos y las futuras exportaciones de productos hechos aquí, tanto a Brasil como a otros compradores.



Recordó que esa masiva creación de empleos ayudará a resolver uno de los graves problemas existente en Paraguay y reducirá la emigración de sus nacionales al extranjero en busca de trabajo y permitirá el aumento de las exportaciones a Brasil, un mercado de 200 millones de habitantes con poder de compra, además del aumento del turismo brasileño con gastos relevantes en el exterior yel aumento de los lazos culturales en lo cual también trabaja la embajada.



La conversación giró hacia el escenario más amplio de la política brasileña en el ámbito de la integración latinoamericana desarrollada a través del Mercosur y también bilateralmente, de acuerdo a sus propias palabras.



Habló sobre la presencia positiva de Brasil en esa colaboración con países como Cuba, Perú y Bolivia, las grandes posibilidades en el Caribe y Centroamérica y la extraordinaria importancia de la reciente reunión del Grupo Brics con la Unión de Naciones Suramericanas.



Se refirió a la trascendencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y al importante papel jugado por Cuba durante su presidencia de esa nueva instancia y saludó que “allí estamos sin ningún padrino, ni americano ni europeo”.



Tenemos un criterio integrador y de desarrollo conjunto, de crecer en conjunto, los países grandes y los más pequeños, para ser mucho más fuertes en la región y encuentros como el sostenido con el grupo Brics es una oportunidad para acceder a mercados enormes como el de China cuyas inversiones en Brasil superan los 10 mil millones de dólares, planteó.



Esa visión integracionista está presente en la Constitución brasileña y estamos confiados que promocionando nuestras economías y con un fuerte mercado interno regional podemos despegar definitivamente, concluyó.

Por Javier Rodríguez*



* Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.

lunes, 4 de agosto de 2014

Lo político pudre al Mercosur

En julio último, el expresidente del Gobierno español Felipe González afirmó en Asunción que “el Mercosur ahora está desbordado por la Unasur”. En realidad, la entidad regional que debió ser una unión aduanera ahora está más bien podrida por ese conglomerado político de notorio cariz izquierdista bolivariano. Quienes llevan la voz cantante en Unasur utilizan el escenario del Mercosur para plantear cuestiones del todo ajenas a sus objetivos, tal como se ha vuelto a ver en la reciente 46ª Cumbre de Caracas, mientras al mismo tiempo bloquean de hecho y de derecho la integración económica dentro del bloque.

En la citada Cumbre, solo el Paraguay planteó asuntos comerciales, mientras que los demás países prefirieron ocuparse de la Franja de Gaza, del conflicto de la deuda externa argentina y los “fondos buitre”, y hasta de la proclamación de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner como “ciudadanos ilustres” del Mercosur. Valdría la pena saber qué hicieron estos dos personajes por la región, y en nuestro caso, por el Paraguay. Valdría la pena que los productores agrícolas y los industriales paraguayos publiquen la lista.

El Tratado de Asunción no pretendió que los países signatarios tuvieran una política exterior común, sino que alcanzaran un arancel externo común y eliminaran gradualmente las barreras aduaneras regionales. En los últimos años, sin embargo, se ha vuelto cada vez más notorio que la mayoría de los miembros del Mercosur prioriza lo político incluso al precio de violar el Tratado, tal como lo admitió orondamente el presidente uruguayo, José Mujica, al tratar de explicar la arbitraria suspensión de la membresía paraguaya, y tal como se reitera ahora, cuando se lanza el “Comunicado especial sobre la situación en Gaza” como un documento del Mercosur, pese a que no fue aprobado por unanimidad porque el Paraguay lo objetó.

Esta vez, Mujica ha dicho que se necesita “voluntad política para que haya integración” y que eso es “responsabilidad de los Gobiernos”. Una perogrullada, quizá, pero lo que ha venido faltando, precisamente, es esa voluntad de integrarse y hasta de ayudar para que los países más pequeños se industrialicen. Al Uruguay le ha costado y le cuesta mucho poner en funcionamiento la planta de celulosa de Fray Bentos, ante las sistemáticas trabas oficiales y extraoficiales de su vecino rioplatense. Ha visto entorpecida la construcción del puerto de aguas profundas de Rocha porque la banca estatal brasileña ha olvidado su promesa de financiarla, razón por la cual Mujica viajó a Washington en busca de recursos, pese a que “el Tío Sam está enfermo”, como acaba de revelar en Caracas para solaz de los presidentes de países tan rozagantes económicamente como Venezuela y Argentina.

También nuestro país quiere industrializarse, y por eso pidió que el régimen de normas de origen, de importación y de admisión temporaria fuera extendido hasta 2030, de modo que los productos fabricados aquí puedan tener hasta un 60% de componentes de países de extrazona. El pedido fue rechazado, lo mismo que el referente a que el Paraguay tenga una zona franca, como la tienen los demás miembros. Faltó incluso el apoyo uruguayo, pese a que más de una vez Mujica había planteado la necesidad de que los países relativamente pequeños formen una suerte de frente común para no ser avasallados por los grandes. En realidad, ya en septiembre de 2011 habló de “replantearse algunas cosas” en el Mercosur, cuando el Brasil aumentó en un 30% los aranceles previstos para la importación de vehículos, incluidos los procedentes del bloque regional.

Y bien, lo primero que corresponde es volver a la letra y al espíritu del Tratado de Asunción, recordando que el mercado implica, según su art. 1º, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, la creación de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con respecto a otros Estados o grupos de ellos, la coordinación de políticas económicas y sectoriales y el compromiso de los Estados partes de armonizar sus leyes en las áreas pertinentes para fortalecer el proceso de integración. El Mercosur no implica, pues, una política diplomática exterior común frente a acontecimientos mundiales ni a litigios judiciales que cada uno de sus miembros pueda tener con sus acreedores.

Cuando se habla de “replantear” el bloque, no debe entenderse que ello signifique modificar el Tratado para convertir el Mercosur en un foro regional político –como lo convirtieron algunos–, sino reflexionar, justamente, acerca de si los Estados firmantes tienen la sincera intención de impulsar la integración económica, considerando también la asimetría que existe entre ellos. Por su condición mediterránea, el Paraguay sigue sufriendo trabas, por ejemplo, para exportar sus productos a través de la Argentina hasta el Uruguay, como lo viene denunciando el Centro de Armadores Fluviales. El presidente boliviano, Evo Morales, también se quejó amargamente en la última Cumbre de Caracas de las dificultades que tiene su país para introducir su banano a la Argentina.

Mientras persistan esas trabas –incompatibles con el Mercosur– no podrá afirmarse que realmente se quiera tener un mercado común, por más declaraciones rimbombantes que se hayan hecho en los cuarenta y seis encuentros presidenciales realizados hasta hoy.

La Alianza del Pacífico, creada en Chile en 2011, ha avanzado en tres años mucho más que el Mercosur en veintitrés, porque allí sí hay “voluntad política” de integración económica. Allí no prima lo político-ideológico sino el interés de crecer juntos, eliminando obstáculos comerciales. Que el Mercosur tome nota de lo que están haciendo sus vecinos, y de que los europeos crearon un verdadero mercado común antes de formar una Unión Europea, que con todo hoy solo tiene atisbos de una política exterior.

El Mercosur sabe perder el tiempo, según enseña una larga y dolorosa experiencia. No es serio, y lo político lo está pudriendo cada vez más.

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/lo-politico-pudre-al-mercosur-1272695.html

lunes, 28 de julio de 2014

Paraguay estudia aplicar el Estatuto de Roma

El Presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang Hyun Song, visitó hoy Paraguay, la primera vez que lo hace una máxima autoridad de ese organismo, para estudiar la aplicación del Estatuto de Roma, que establece competencias para juzgar y condenar por crímenes contra la humanidad.

Sang Hyun Song, que se encuentra de gira por Latinoamérica, se reunió con la ministra de Justicia, Sheila Abed, con quien analizó el tema y discutió sobre las modificaciones que requeriría el Código Penal paraguayo para aplicar el estatuto creado por la CPI.

“Ahora estamos trabajando en algunos ajustes que necesitamos en la ley paraguaya para que podamos trabajar en complementariedad con el Estatuto de Roma”, dijo Abed, según un comunicado del ministerio.

La funcionaria añadió que, entre esos ajustes normativos, se encuentran asuntos como la entrega de ciudadanos, la creación de la figura de prisión perpetua para crímenes de lesa humanidad y la inclusión de algunos tipos penales que no existen en Paraguay.

“La CPI tiene algunas particularidades muy interesantes como por ejemplo, en el campo de los derechos humanos, ya que fue la primera corte internacional que reconoció los delitos contra el género”, explicó Abed.

Según la ministra, este es el momento adecuado para que en Paraguay se discuta sobre ese tema ya que recientemente se ha conformado la Comisión Nacional para la Reforma Penal.

Por su parte, Sang Hyun Song manifestó su compromiso para colaborar en la plena aplicación del Estatuto de Roma en Paraguay, al recordar que para ello todos los países signatarios de este instrumento internacional comenzaron adecuando sus leyes.

“Todos los países del Asia también pasan por este proceso”, declaró.

La CPI, creada en 1998 por la ONU, está estudiando actualmente más de 22 casos por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y delitos de agresión.

Es, además, el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

En virtud del Estatuto de Roma, los autores de los crímenes más graves de trascendencia internacional pasan a ser penalmente responsables en el ámbito del derecho internacional.

miércoles, 23 de julio de 2014

Venta de uranio

Cuando se pretendió instalar una fundidora de aluminio sobre el Paraná comenzaron los cuestionamientos en ambas márgenes del río, en Itapúa y Posadas. La inquietud se debía a la falta de un estudio del impacto ambiental de la fundidora proyectada por la empresa Río Tinto. Era lo que correspondía hacer, porque la contaminación no se detendría en la frontera entre el Paraguay y la Argentina, cuyos residentes no estaban informados.

Ahora la preocupación binacional se centra en Ñeembucú y Formosa, por la intentada instalación de una planta nuclear en la provincia argentina. En rigor, va más allá de las dos localidades fronterizas, porque un accidente nuclear puede afectar un área mucho mayor. No existe planta nuclear sin riesgo, ha dicho un estudio científico realizado en Alemania, país que ha decidido cerrar todas sus plantas nucleares para 2022. Y conste que las plantas alemanas figuran entre las más seguras del mundo; no por improvisación sino por el dominio de la materia se ha decidido prescindir de la energía nuclear.

El Gobierno paraguayo, por su parte, ha demostrado una alarmante indiferencia. En julio del año pasado, el presidente Cartes dijo que no había que apresurarse para opinar sobre el asunto. Para entonces, el científico argentino Raúl Montenegro había publicado alarmantes informaciones sobre la decisión de CAREN y sus consecuencias. Cartes no se mostró alarmado: en declaraciones recientes, recalcó las excelentes relaciones entre el Paraguay y la Argentina. Altos funcionarios de su equipo dijeron que, si se instala el reactor, el Paraguay podría venderle uranio y, de paso, familiarizarse con una forma alternativa de energía, porque la hidroeléctrica ya no nos bastará.

Aparentemente, el Gobierno paraguayo acepta como un hecho la construcción de la planta, o por desinformación o por el deseo de mantener buenas relaciones con el vecino. Yo concuerdo con que debemos mantener buenas relaciones con los vecinos, pero estas no deben conducir a la aceptación de lo rechazado por ellos mismos. Debe recordarse que la empresa Dioxitek, la encargada de la construcción, tiene plazo hasta octubre de este año para retirarse de la ciudad de Córdoba; se le ha prohibido mudarse a otras localidades de la provincia de Córdoba (Despeñadero, Río Tercero y Embalse), y no se la acepta en La Rioja ni en Mendoza.

Las buenas relaciones no pueden basarse en una aceptación pasiva de las imposiciones, sino que exigen un disenso racional. Existen instancias internacionales donde el Gobierno paraguayo puede y debe hacer valer su oposición sobre un emprendimiento peligroso para los paraguayos y los argentinos, dando un gran paso hacia la consolidación de las buenas relaciones regionales. Por desgracia, no se le nota mucha voluntad de hacerlo.



Por Guido Rodríguez Alcalá

lunes, 14 de julio de 2014

Desaparición forzada

Comité contra la Desaparición Forzada: Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención

 
Naciones Unidas
Naciones Unidas
CED/C/ARG/CO/ 1
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
Distr. general
12 de diciembre de 2013
Original: español

Comité contra la Desaparición Forzada

Observaciones finales sobre el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención*

El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención (CED/C/ARG/1) en sus sesiones 60ª y 61ª (CED/C/SR.60 y 61), celebradas los días 4 y 5 de noviembre de 2013. En su 73ª sesión, celebrada el 13 de noviembre de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe de la Argentina en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, elaborado de conformidad con las directrices para la presentación de informes, y la información en él expuesta. Asimismo, el Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte sobre las medidas adoptadas por éste para aplicar las disposiciones de la Convención, lo que le ha permitido despejar muchas de sus inquietudes. El Comité agradece además al Estado parte sus respuestas por escrito (CED/C/ARG/Q/1/Add.1) a la lista de cuestiones (CED/C/ARG/Q/1), que fueron complementadas con las intervenciones de la delegación.

B.Aspectos positivos

El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El Comité acoge con satisfacción asimismo que el Estado parte haya reconocido la competencia del Comité en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e interestatales, respectivamente.
El Comité celebra también las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26394); la regulación del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley 26548); el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321); y las diversas leyes de reparación.
El Comité observa con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para que visiten el país.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

El Comité reconoce que el marco legislativo en vigor en el Estado parte para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas son en su mayoría conformes con las disposiciones de la Convención y las obligaciones que ésta impone a los Estados. El Comité observa, sin embargo, la ausencia de información estadística que permita apreciar la implementación de las obligaciones derivadas de la Convención. Las preocupaciones que se expresan a continuación y las recomendaciones que se realizan tienen como objetivo asistir al Estado parte a reforzar el marco normativo existente, asegurando que el mismo se ajuste plenamente a todas las disposiciones de la Convención, y a garantizar que la implementación de estas normas y su aplicación estén también conformes con los derechos y obligaciones contenidos en la Convención.

Información general

El Comité acoge con beneplácito la intención del Estado parte de otorgar jerarquía constitucional a la Convención. Asimismo, el Comité nota la invocación de la Convención que se hace en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, a pesar de que la aplicabilidad directa de sus disposiciones no está claramente definida en la legislación nacional.
El Comité invita a l Estado parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar jerarquía c onstitucional a la Convención , como ha sido recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ( A/HRC/10/9/Add.1 y Corr.1, párr. 84 ) . Asimismo, e l Comité exhorta a l Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias con miras a reconocer de manera expresa la aplicabilidad directa de las disposiciones de la Convención .
El Comité toma nota de las iniciativas de coordinación a nivel federal y provincial, sin embargo le preocupa que no se garantice la aplicación de la Convención de manera uniforme en todo el territorio nacional.
El Comit é alienta al Estado a fortalecer las medidas de coordinación en el territorio nacional y a garantizar la plena aplicación de la Convención en todo su territorio sin limitación ni excepción alguna.

Definición y criminalización de las desapariciones forzadas (artículos 1 a 7)

El Comité acoge con satisfacción que el Estado parte haya tipificado la desaparición forzada de personas en su Código Penal. Sin embargo observa con preocupación que la aplicación del delito de desaparición forzada presenta algunas dificultades en la práctica. El Comité toma nota con interés la información brindada por el Estado parte acerca de la iniciativa de reforma del Código Penal (art. 2).
El Comité alienta al Estado parte a asegurar que la reforma del Código P enal se ajuste plenamente a las obligaciones contenidas en la Convención , incorporando las modificaciones que sean necesarias para asegurarse que en su aplicación se cumple efectivamente el mandato contenido en su artículo 2.

Responsabilidad penal y cooperación judicial en materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15)

El Comité acoge con beneplácito la información recibida por el Estado parte relativa a los avances en las investigaciones y enjuiciamiento de personas responsables de delitos de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social; estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad (arts. 6 y 12).
El Comité alienta al Estado parte a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forzada . El Comité recomienda, asimismo, que el Estado parte promueva reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de e stas violaciones sean debidamente inve stigados, enjuiciados y sancionados.
El Comité toma nota con preocupación de los informes recibidos que dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito (art. 12).
Al respecto, el Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se determine el paradero de la persona desaparecida.
El Comité reconoce la labor de los fiscales en la investigación de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura; sin embargo recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada hayan sido relevados de su función (art. 12).
Al respecto, el Comité recomienda que en razón de su gran complejidad, la investigación de los crímenes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacitados, y en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia en la investigación de éstos delitos.
El Comité acoge con beneplácito las medidas de protección a víctimas y testigos existentes en el Estado parte. Sin embargo, el Comité muestra su preocupación sobre los siguientes aspectos:
a)Que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados no contemple expresamente los casos de desapariciones forzadas como uno de los supuestos de intervención del programa;
b)Las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer y prestar testimonio, en muchos casos, traumáticas y revictimizantes;
c)La insuficiencia de las medidas de protección específicas a testigos privados de libertad;
d)El caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Julio López, aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualidad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos (art. 12).
El Comité insta al Estado parte a que realice todas las actuaciones necesarias , legislativas o de otra índole, para asegurar la efectiva implementación de las medidas de protección existentes y que las mismas se extiendan a todas las personas a las que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de la Convención . En particular, lo alienta a implementar las medidas necesarias para proteger a los testigos que se encuentren privados de libertad.
El Comité nota con preocupación la falta de claridad acerca de las garantías existentes en la legislación para evitar que las personas que se supone hayan cometido un delito de desaparición forzada puedan influir en el curso de las investigaciones. El Comité también nota con preocupación los informes que dan cuenta de casos en que los funcionarios judiciales no han adoptado las medidas necesarias para apartar de las investigaciones a las instituciones policiales o a las personas sometidas a sospecha (art. 12).
El Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con el artículo 12, párrafo 4, de la Convención, adopte las medidas necesarias para garantizar que las personas de las que se s ospech e que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir y/u obstruir , directa o indirectamente, el curso de las investigaciones. En ese sentido, también le recomienda que adopte una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que garantice que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche que han cometido una desaparición forzada no participen en la s investigaciones de la misma , y que se adopten todas las medidas que resulten necesarias para asegurar que esta garantía será observada en todas las investigaciones.

Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (artículos 16 a 23)

El Comité toma nota de la declaración del Estado parte de que no hay ninguna detención secreta en Argentina. Sin embargo, el Comité observa con preocupación la existencia de normas nacionales que permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia. El Comité observa que por las informaciones recibidas, las desapariciones forzadas que se producen en la actualidad están, en gran medida, relacionadas con detenciones administrativas que se practican de un modo arbitrario (art. 17).
El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, para asegurar que toda persona detenida en el territorio nacional sea sometida a un control judicial inmediato .
El Comité toma nota con gran preocupación de las informaciones que dan cuenta de que en la actualidad se están produciendo traslados de los centros de detención de un modo arbitrario o para encubrir sanciones que no se imponen a través de un procedimiento regular, lo que en algunos casos expone al interno al riesgo de desaparición forzada (art. 17).
El Comité recomienda al Estado parte que disponga todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legisla tivas, para establecer que todos los traslados estén sometidos a un control de la autoridad judicial y se realicen siempre con conocimiento del abogado y de los familiares o allegados del interno. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que adopte todas las medidas de inspección y control que resulten necesarias para prevenir la realización de los traslados ilegales, así como que se sancione adecuadamente la realización de estas prácticas.
El Comité nota con interés la información suministrada por el Estado parte de que se encuentra en trámite de implementación un registro informatizado de detenidos. Sin embargo, expresa su preocupación sobre:
a)La falta de un protocolo de actuación uniforme para todas las autoridades del Estado parte a cuyo cargo se encuentran personas privadas de libertad, que se ajuste plenamente con el artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
b)La falta de un sistema de registros informatizado y uniforme que cubra todo el territorio nacional;
c)La falta de un control suficiente y adecuado sobre la actuación de las personas responsables de efectuar el registro en comisarías de policía y en los centros de detención;
d)Informes que dan cuenta de que no en todos los casos los registros son completados y/o actualizados de manera adecuada(art. 17).
El Comité recomienda que el Estado parte :
a) D esarrolle un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros, en todo el territorio nacional, donde se encuentren personas privadas de libertad , que se ajuste plenamente a l artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
b) A dopte todas las medidas para asegurar de que el Registro Informatizado de Detenidos se implemente de manera urgente y a la mayor brevedad y se ajuste plenamente al artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
c) V ele por que todos los registros y/o expedientes en los que se anoten datos acerca de personas privadas de libertad sean debidamente completados y/o regularmente actualizados con la información requerida en virtud del artículo 17, párrafo 3, de la Convención;
d) E stablezca medidas eficaces de inspección para asegurarse de que los registros se an realizados y actualizados de acuerdo con lo establecido en la Convención y, en su caso, se sancionen adecuadamente las omisiones .
El Comité acoge con satisfacción la aprobación de la ley que establece el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), pero lamenta que todavía no se encuentre totalmente operativo. El Comité recuerda la importancia de los mecanismos independientes de monitoreo de centros de privación de libertad. Asimismo, recuerda que deben tener acceso a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en el territorio nacional. El Comité nota con preocupación la información recibida de que el Procurador Penitenciario no tiene acceso a los centros de detención de menores (art. 17).
El Comité recomienda la pronta y plena puesta en funcionamiento del MNP . Asimismo, insta al Estado parte a asegurar su independencia, así como a velar por que los mecanismos de monitoreo de centros de privación de libertad tengan acceso efectivo e inmediato a todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad en cualquier parte del territorio.
Si bien toma nota con satisfacción de la formación existente en derechos humanos brindada a los agentes del Estado, el Comité lamenta que no se imparta formación específica y regular sobre las disposiciones de la Convención (art. 23).
El Comité recomienda que el Estado parte incremente sus esfuerzos en materia de formación sobre las disposiciones de la Convención a los funcionarios públicos , de conformidad con el artículo 23 de la Convención .

Medidas de reparación y de protección de niños contra las desapariciones forzadas (artículos 24 y 25)

El Comité nota con satisfacción las diversas leyes que disponen medidas de reparación a víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Sin embargo, el Comité lamenta que las disposiciones de las respectivas leyes cubran solamente a las víctimas de los sucesos ocurridos hasta diciembre de 1983 y que no exista una legislación similar para las víctimas de las desapariciones forzadas desde esa fecha. El Comité recuerda que la reparación de las victimas y la recuperación de la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones forzadas son un compromiso permanente del Estado parte (art. 24).
El Comité alienta al Estado parte a continuar sus esfuerzos para velar por que su sistema legal garantice a todas la s víctima s de una desaparición forzada el derecho a la reparación , a la verdad y a una indemnización rápida, justa y adecuada. Asimismo, el Comité insta al Estado parte a eliminar la limitación temporal contenida en las leyes a que se refiere el párrafo anterior.
El Comité ha tomado nota con preocupación de la falta de datos estadísticos sistemáticos sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas, en particular sobre los casos recientes de desapariciones forzadas (art. 24).
El Comité recomienda al Estado parte que recopile estadísticas sobre las medidas de reparación otorgadas a las víctimas de desaparición forzada, con el fin de tener los elementos necesarios para mejorar las medidas de reparación.
El Comité toma nota de la Ley 24321 que establece la posibilidad de declarar la ausencia por desaparición forzada en relación con desapariciones ocurridas hasta el 10 de diciembre de 1983. El Comité lamenta que la declaración de ausencia no se aplique a las desapariciones forzadas ocurridas después de la referida fecha (art. 24).
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a los familiares de los desaparecidos después de l 10 de diciembre de 1983 la posibilidad de solicitar la declaración de ausen cia por desaparición forzada .

D.Difusión y seguimiento

El Comité desea recordar las obligaciones contraídas por los Estados al ratificar la Convención y, en ese sentido, insta al Estado parte a asegurarse de que todas las medidas que adopte, sean de la naturaleza que sean y emanen del poder que emanen, se conformen plenamente a las obligaciones que asumió al ratificar la Convención y otros instrumentos internacionales pertinentes. Al respecto, el Comité insta particularmente al Estado parte a garantizar la investigación eficaz de todas las desapariciones forzadas y la satisfacción plena de los derechos de las víctimas tal y como están consagrados en la Convención.
Asimismo, el Comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y los niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Las mujeres que son miembros de la familia de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos así como a padecer violencia, persecución y represalias como resultado de sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Por su parte, los niños víctimas de desaparición forzada, ya sea porque ellos mismos son sometidos a desaparición o porque sufren a consecuencia de la desaparición de sus familiares, son particularmente vulnerables a múltiples violaciones de los derechos humanos, incluida la sustitución de su identidad. En este contexto, el Comité pone especial énfasis en la necesidad de que el Estado parte integre perspectivas de género y adaptadas a la sensibilidad de los niños y niñas en la aplicación de los derechos y obligaciones derivados de la Convención.
Se alienta al Estado parte a difundir ampliamente la Convención, el texto de su informe presentado en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, las respuestas escritas que ha facilitado en relación con la lista de cuestiones preparada por el Comité y las presentes observaciones finales para sensibilizar a las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que actúan en el Estado parte, así como a la población en general. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a favorecer la participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de familiares de víctimas, en el proceso de implementación de las presentes observaciones finales.
Observando que el Estado parte presentó su documento básico en 1996 (HRI/CORE/1/Add.74), el Comité invita al Estado parte a que lo actualice de conformidad con los requisitos del documento básico común enunciados en las Directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6, cap. I).
De conformidad con el reglamento del Comité, el Estado parte debe facilitar, a más tardar el 15 de noviembre de 2014, información pertinente sobre su implementación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 15, 25 y 27.
En virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, el Comité solicita al Estado parte que presente, a más tardar el 15 de noviembre de 2019, información concreta y actualizada acerca de la implementación de todas sus recomendaciones, así como cualquier otra información nueva relativa al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención, en un documento elaborado con arreglo al párrafo 39 de las Directrices relativas a la forma y el contenido de los informes que deben presentar los Estados partes en virtud del artículo 29 de la Convención (CED/C/2). El Comité alienta al Estado parte a que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas.
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