domingo, 7 de septiembre de 2014

Buitres del revés

La denominación “fondos buitres” en realidad hace alusión a los compradores de títulos de deuda pública a precios reducidos de los países o empresas con problemas económicos. Los buitres, o yryvu en guaraní, no son los fondos sino los administradores, lobistas y compradores de los mismos.

Según Carlos Gatti Battilana, los yryvu o uruvu huelen mal, toman vuelo con dificultad y se juntan para la carroña. Tienen la vista muy perspicaz y el olfato sensible. Comen animales muertos o en agonía, basura y todo tipo de desperdicios. Lo primero que comen son los ojos, la lengua y las tripas. Suficiente, ¿verdad?

Bueno, muy parecidos a estos animales, hay personas que han hecho de la desgracia ajena su fuente de fortuna y están, como los cuervos, sobrevolando la agonía, esperando que llegue el momento de entrar en acción. La agonía, generalmente, es el peor momento económico-financiero de países o empresas mal administrados, cuyos títulos de deuda son ofertados a veces a menos de la mitad en mercados secundarios.

Los buitres se hacen de esos títulos a precios irrisorios y luego accionan para cobrar al 100%, procedimiento con el cual se armaron verdaderos emporios de la carroña financiera a nivel internacional. Es cierto, no hay nada que discutir al respecto, los buitres son subproductos de la corrupción: si no hubiera gobiernos y empresarios corruptos, no existirían los fondos buitres y sobre todo los países no sufrirían las secuelas porque los honestos planifican sus deudas de acuerdo con sus probabilidades o a las de sus países y empresas y solo caen de default por imponderables reales y no ficticios.

Sucede ahora con la Argentina, un país con corrupción galopante, y sucedió antes con otros varios países. Miles, tal vez millones, de familias vieron evaporarse sus pequeños fondos y esfumarse sus mejores sueños por la irresponsabilidad de buitres internos que ahora se pretende transferir a los externos solamente.

Los buitres en realidad están siempre detrás de los fondos fáciles. Recordarán los fondos regalados a través del BNF a los transportistas y hoy esos mismos cuervos son premiados con suculentos fondos de subsidio; los de IPS a ciertos empresarios que luego declararon en “quiebra” sus empresas mientras ellos se declararon en prosperidad eterna, sin devolver nada a la institución.

Ahora estamos al borde de incursionar en la experiencia de los fondos buitres del revés, es decir del intento de cazar no a los agonizantes sino al próspero; los jugosos fondos del IPS para el empleo en obras a ser administradas por la institución más corrupta de la República, que es el Estado paraguayo.
Los retoños de yryvu no esperan la agonía del IPS sino quieren empujarlo a ello, atacando su buena salud del momento para volverlo anémico y luego agónico por medio de la corrupción y la evaporación de los fondos de reserva para la jubilación de la clase trabajadora.

En términos más directos. El Poder Ejecutivo quiere echar mano (ya cuenta con la ley para ello) a los fondos de jubilación del IPS para hacer inversiones públicas, como si no bastaran los casos del crédito chino y otros que llenaron de obras baratas y mal construidas que al poco tiempo se volvieron inservibles.

Por eso algunos senadores están queriendo derogar la Ley 5074/13 que autoriza al Ejecutivo a utilizar los recursos de las cajas fiscales y de las reservas internacionales para la financiación de obras públicas.
Y creo que tienen toda la razón para hacerlo porque las reservas de IPS, deben continuar con cerrojo aun cuando tengan que seguir enriqueciendo –gracias a las comisiones bancarias– a los que se turnan en el mando de la institución. Si quieren que creamos que esta vez no habrá corrupción, quisiera primero ver en prisión a los principales ladrones del crédito chino, a los responsables del asfaltado con papel sulfito de la Transchaco y de la ruta a Concepción, por lo menos. Ha upéi jahecháta.

Por Edwin Brítez

¿Por qué?

Debo confesar que me quedé sorprendida cuando esta semana se informó que habían retornado al país 72 soldados profesionales que fueron entrenados durante tres meses en Colombia. Estando allá, fui advertida de la situación, pero se manejaba como información reservada y confidencial. Secreta.

Aprovechando este desnudismo informativo quisiera sacarme una espina de encima por dos motivos: 1) Porque no lo pude decir con todas las letras respetando códigos y 2) Porque después de escuchar pedir auxilio al padre de Arlan no es bueno ser cómplices de una situación por omisión.

¿Mi desvelo? Que no se haya convocado a los colombianos a desembarcar en Paraguay para enfrentar lo que actualmente es el secuestro más largo en toda la historia del país y, por si fuera poco, el de un menor de edad. Si hubo un acierto indiscutible de Rafael Filizzola como ministro fue haber preguntado a quienes conocían las respuestas e invitarlos a venir inmediatamente luego de secuestrado Fidel Zavala.

Los que saben aseguran que Horacio Cartes confía en expertos israelías que mucho saben sobre terrorismo… pero tienen poca experiencia en guerrillas rurales, una situación importada y calcada de Colombia. Cincuenta años, 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y unos 30.000 secuestrados han dejado grandes lecciones en ese país latinoamericano. La primera, que sin inversiones sociales no se puede pretender erradicar la violencia, y la segunda, sin policías y militares profesionalizados tampoco.

Colombia hoy día exporta tecnología, adiestramiento y transferencia de conocimientos de seguridad a varios países latinoamericanos. Tienen sofisticados centros de inteligencia y de entrenamiento salidos de películas; fabrican armamentos, equipamientos náuticos y aéreos, veloces deslizadoras, bombas aéreas, armas de asalto y otras armas. Colombia tiene algo que no tienen los israelíes: experiencia y éxito en la lucha contra las FARC, el padre putativo del EPP.

Por citar un ejemplo, las siete bombas que arrasaron con el campamento y el búnker secreto del Mono Jojoy, jefe militar de las FARC, fueron desarrolladas por ellos mismos con una precisión impecable en la planta Santa Bárbara del municipio de Sogamoso. Sus aviones bombarderos están aún más sofisticados: tienen radares de última generación, cámaras multiespectro, sistemas de detección por calor Flir, sensores de radiofrecuencias, aerofotografía satelital, radiogoniometría. Al trabajo de inteligencia en tierra le suman la inteligencia del aire e inclusive por agua.

Lo repitieron decenas de veces: “Estamos dispuestos a ir al Paraguay si nos convocan. Si el problema de Colombia continúa en otros países, nuestro problema también continúa”, reflexionan. Y están prestos para desembarcar con conocimientos, con transferencias de tecnología, con apoyos tácticos, con lo que sea necesitemos.

Un comandante convoca a los mejores soldados cuanto peor es una guerra. ¿Qué espera Horacio Cartes para hacerse asesorar por los que más saben y que, casualmente, están en nuestra misma región?

Por Mabel Rehnfeldt

jueves, 4 de septiembre de 2014

Récord paraguayo en el régimen de maquila

Paraguay alcanzó en agosto último un récord histórico en las exportaciones bajo el régimen de maquila, con una recaudación de 24.8 millones de dólares, dijo hoy el Ministerio de Industria y Comercio local.
De acuerdo con un reporte de la dependencia, las exportaciones por maquila sumaron 24 millones 889 mil dólares en agosto último, un aumento de 64 por ciento en relación al mismo mes de 2013, que fueron de unos 15 millones de dólares.
Indicó que los principales productos exportados durante el mes anterior corresponden a autopartes, que representan 27.1 por ciento de los envíos paraguayos al exterior durante agosto.
El segundo rubro de mayor peso en las exportaciones totales fue el vinculado a confecciones y textiles, añadió la cartera.
Cueros y sus manufacturas, así como plásticos, fueron otros rubros importantes en las exportaciones paraguayas del periodo.
La fuente precisó que 76 por ciento de las exportaciones por maquila fueron destinadas a países del Mercado Común del Sur (Mercosur), en su mayor proporción a Brasil.
El 24 por ciento de las exportaciones restantes se han dirigido al resto del mundo, principalmente a Tailandia, Indonesia, Estados Unidos, Chile, Francia y Vietnam, dijo el reporte.

Integración con Paraguay, clave para el chaco salteño

La cercanía geográfica con el departamento paraguayo de Boquerón abren la posibilidad de generar una alternativa de integración de la subregión que conforman los tres chacos.

La cercanía geográfica con el departamento paraguayo de Boquerón, las buenas condiciones en que se encuentra la ruta de 385 kilómetros que une la ciudad de Filadelfia con Pozo Hondo -en el límite con Argentina que marca el río Pilcomayo- y la posibilidad que el norte de Salta pueda en algún momento contar con la ruta pavimentada que unirá los departamentos San Martín y Rivadavia abren nuevas posibilidades de generar una alternativa de integración de la subregión que conforman los tres chacos argentino, boliviano y paraguayo.

Pero lo atractivo para el norte de Salta en relación a Paraguay no es solo la cercanía y las similitudes geográficas sino que Boquerón, departamento paraguayo que limita con el chaco salteño, está colonizado desde hace más de 8 décadas y media por las comunidades menonitas que han hecho de ese inhóspito lugar un polo de desarrollo sin precedentes venciendo las dificultades que les presentaron las condiciones ambientales de esa región del Paraguay, más árida aún que el chaco salteño y con un régimen de lluvias inferior al norte de Salta.

Edwin Pauls, gobernador del departamento Paraguayo de Boquerón, Cornelius Sawatzky, diputado nacional por Paraguay oriundo de Loma Plata, la otra comunidad menonita vecina a Filadelfiia junto a un grupo de empresarios paraguayos del mismo departamento del vecino país llegaron el fín de semana anterior a Tartagal con el objeto de mantener reuniones con productores agrícola y ganaderos, funcionarios departamentales, empresas del transporte y empresarios de diferentes rubros del norte provincial. La intención de los miembros de la comitiva paraguaya es insistir en sus propuestas de integración con el norte de Salta para que el intercambio comercial comience a dar sus primeros pasos.

Las vías de comunicaciones, fundamental en el proceso integrador

La comitiva integrada por 25 personas entre funcionarios y ganaderos fue recibida en Tartagal por el intendente Sergio Leavy y por Gustavo Rauch Coll, principal impulsor desde hace más de dos décadas de la intergración subregional entre el chaco salteño y paraguayo. “La comitiva demoró 4 horas en hacer el trayecto Filadelfia-Pozo Hondo por la buena condición en que se encuentra la ruta, pavimentada en algunas tramos y compactada en otras y es por eso que creemos que cuando finalice la obra de pavimentación de la provincial 54 que une Santa Victoria con Tartagal, podremos comenzar a mirar con mucha más certeza esta posibilidad de integrarnos comercialmente con una región que tiene las mismas características ambientales que el Chaco Salteño, pero que produce el 60 por ciento de los lácteos que se consumen en el Paraguay, e cuenta con 4 frigoríficos que exportan a diferentes partes del mundo pero que a la vez necesita comprar las verduras y hortalizas frescas que los departamentos de Orán y San Martín pueden venderles” explicó el intendente Leavy refirió que de las conversariones se desprendió que ” anualmente Boquerón necesita 10.000 toneladas de maíz anuales para las cooperativas. Los productores del norte a su vez deben mirar a esta región y superar esa visión de que la única opción para sacar sus producciones son los puertos de Rosario o Buenos Aires, lo que implica el pago altísimo de flete. La integración comercial puede ser una realidad si tanto los gobiernos como el sector privado le dan el impulso que necesita” consideró el intendente Leavy.

Los empresarios paraguayos aprovecharon la visita a Tartagal para que un empresario del transporte propietario de una línea que une Filadelfia con Pozo Hondo “se reúna con los propietarios de la línea de colectivos Río Pilcomayo que hacen el trayecto Tartagal- Santa Victoria Este. La idea es que los viajes de ambas empresas coincidan en días y en horarios para posibilitar los viajes internacionales” precisó el empresario local Gustavo Rauch.

El miércoles está previsto que vuelvan a reunirse en el límite entre ambas naciones (Misión La Paz- Pozo Hondo) para seguir avanzando en el diálogo para que el puente internacional con la infraestructura aduanera y de frontera que se requiere “comience a funcionar en forma definitiva y que tenga independencia del paso internacional Pocitos del cual depende. Boquerón es un oasis en medio de la nada y tenemos la certeza que impulsando la integración de estas subregiones en el norte de Salta puede replicarse ese modelo productivo eficiente e inclusivo” expresó el intendente de Tartagal

*Los productores menonitas de Filadelfia (Paraguay) tienen un excelente manejo del agua y son eximios constructores de tajamares (pequeños diques) y represas.
*Ofrecen vender el gatton panic, la pastura ideal para vacunos, para regiones de altas temperaturas y regímenes de lluvias moderados como las del chaco salteño
*La intención de los impulsores de la integración es afianzar el recorrido en colectivos desde Tartagal-Misión La Paz- Pozo Hondo- Filadelfia.
*Las comunidades menonitas de Boquerón aportan el 7% anual del PBI de Paraguay.
*Producen más de 250 millones de litros de leche y 2 millones de cabezas de ganado anualmente y cuentan con ocho plantas procesadoras de alimentos para animales.
*Obligados por el mercado europeo, cuentan con laboratorios móviles y tecnología de punta para el control de calidad y capacitación permanente de su personal.

La ONU investigará violación a DD.HH. en Paraguay

El pasado 19 de agosto, familiares de víctimas de desaparición forzada en Paraguay, presentaron denuncia contra victimarios de la dictadura de Alfredo Stroessner ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Gtdfi), dependiente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. El Gtdfi someterá la denuncia al siguiente periodo de sesiones del 15 al 19 de septiembre, en Ginebra, para su análisis.

En el marco de la querella planteada en Argentina contra torturadores de la dictadura stronista, y pasado el plazo procesal, ante la falta de respuesta del Paraguay al exhorto, el abogado querellante presentó el pasado 6 de agosto, al cumplirse un año de la fecha de presentación de la querella, una petición al juzgado para instar la instrucción de la causa penal.

En el mismo escrito se procede a identificar a 18 responsables directos, identificados por las propias víctimas que se personan en la presente querella, determinados como responsables por la Comisión Verdad y Justicia (CVJ), y que se encuentran vivos y residiendo actualmente en libertad, identificando sus domicilios en el caso en que ha sido posible determinar, para concretar querella criminal contra ellos.

La Querella

El 6 de agosto de 2013, bajo patrocinio de los abogados Aitor Martínez Jiménez y Juan Maida, se presentó ante los Tribunales Federales de Argentina querella criminal, en ejercicio del principio de Jurisdicción Universal, en los términos del artículo 82 y ss. del Código Procesal Penal, por los delitos de Genocidio y/o de lesa humanidad contra victimarios de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Con motivo de esta querella, se abrió la causa 7300/2013 a cargo del Juzgado Federal nº 5 de Argentina. El pasado 8 de abril se ampliaron los hechos, al presentarse la Federación Nativa Aché del Paraguay como querellante por los delitos de genocidio/lesa humanidad cometidos en Paraguay contra su comunidad.

Desde la presentación de la querella en agosto del 2013, en el marco de las actuaciones de la causa 7300/2013 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, se remite vía Cancillería las autoridades jurisdiccionales paraguayas, un exhorto internacional sobre averiguaciones relacionadas a las denuncias presentadas en la querella.

Pedido de imputaciones

Pasado el plazo procesal y ante la falta de respuesta del Paraguay al exhorto, el abogado querellante presentó el pasado 6 de agosto, al cumplirse un año de la fecha de presentación de la querella, una petición al juzgado para instar la instrucción de la causa penal. En el mismo escrito se procede a identificar a 18 responsables directos, identificados por las propias víctimas que se personan en la presente querella, determinados como responsables por la CVJ, y que se encuentran vivos y residiendo actualmente en libertad, identificando sus domicilios en el caso en que ha sido posible determinar, para concretar querella criminal contra ellos.

Se trata principalmente de policías que se desempeñaban en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DICP), uno de los principales centros de torturas del país (por el que pasaban los detenidos políticos hasta su posterior derivación), así como miembros de diferentes dependencias, principalmente la Comisaría 3ª y 8ª, centro de detenciones de larga duración donde se mantuvieron detenciones que rondaron los 20 años y que fueron combinadas con recurrentes torturas.

Personas denunciadas por crímenes de Lesa Humanidad

1. Héctor García Rey, ciudadano argentino quien se desempeñaba como Jefe de Policía de Córdoba (Argentina). Martín Almada, uno de los querellantes, lo identifica como participante en las torturas a que fue sometido durante su detención.

2. Mateo Estigarribia, fue oficial de la Policía Nacional en la Comisaría 8ª, uno de los centros de detención arbitraria de larga duración y torturas sistemáticas utilizados por la Policía Nacional durante la dictadura. Fue señalado como autor de torturas por diversos testimonios que se ofrecieron a la CVJ.

3. Juan Luis Distéfano, se desempeñó como Oficial Primero de la Comisaría 8ª de Asunción, centro de detención y torturas. Fue señalado como autor de torturas por diversos testimonios que se ofrecieron a la CVJ.

4. Julián Ruiz Paredes, fue Subcomisario, Inspector Principal y Jefe de la Sección de Vigilancia y Delitos del DICP.

Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

5. Efraín Fretes Colombino, fue Intendente de Santa Rosa (Misiones) y Presidente de la Seccional Colorada de dicha ciudad durante la conocida como “Pascua Dolorosa”, operativo policial y militar que se desplegó en Santa Rosa durante la Semana Santa de 1976 y por el que fueron ejecutadas arbitrariamente decenas de campesinos pertenecientes a las Ligas Agrarias Cristianas.

6. Carlos Ríos Acevedo, vicepresidente de la Seccional del Partido Colorado en Santa Rosa (Misiones). Al igual que el anterior, participó en la identificación de los campesinos miembros de las Ligas Agrarias Cristianas.

7. Lorenzo Fortunato Laspina Cáceres, fue Policía y se desempeñó como Oficial Primero en el DIPC. Además de la identificación de los querellantes como responsable de las torturas sufridas, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

8. Obdulio Argüello Brítez, Comisario destinado en el DIPC. Se lo identifica como uno de los torturadores que administraron sesiones repetidas de torturas a través de palizas, latigazos, picanas eléctricas o inmersiones en la pileta.

9. Alfonso Lovera Cañete. Pasó prácticamente por todos los centros de tortura. En un primer momento se desempeñó como Inspector Principal del DIPC. Posteriormente, fue ascendido a Comisario y estuvo al cargo, como máximo responsable, de la Comisaría 3ª y 8ª, centros de detención donde se cometieron las más graves violaciones de derechos humanos, como hacinamientos en zulos de personas por más de 20 años y torturas sistemáticas.

10. Gustavo Giménez. Fue Inspector Principal del DICP y Director de Vigilancia y Delitos, donde se señala que participó en torturas. Además, estuvo al mando del allanamiento de la casa de Martín Rolón Centurión, el 4 de abril de 1976, desaparecido desde entonces, y padre de tres de los querellante de esta causa.

11. Francisco Cogliolo. Fue Oficial de Inteligencia de la Policía. Llegó a ascender al rango de Comisario. Es identificado por otros querellantes como participante en procesos de torturas. Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

12. Wilson Ojeda, fue Oficial Segundo de la Policía. Es igualmente señalado por testimonios de querellantes como participante en procesos de torturas.

13. Ángel Mario Ali. Asesor jurídico del DIPC. Según testigos, participaba de las sesiones de tortura.

14. Francisco “Tata” Ramírez. Fue Comisario del DIPC y posterior Jefe de Orden Público. Celsa Ramírez, otra de las querellantes, igualmente identifica a “Tata” Ramírez durante su detención en 1976, por tres meses engrillada debajo de unas escaleras del Departamento de Vigilancia y Delitos, estando embarazada, hasta que la trasladaron al Policlínico Rigoberto Caballero para que naciera su hijo Derlis, quien creció en cautiverio junto a su madre hasta 1978.

15. Francisco Valerio Bogado Farruggio. Comisario Inspector, Director de Asuntos Políticos del DIPC entre el año 1974 y 1977. Los querellantes lo incorporan también como uno de los responsables de torturas según sus identificaciones.

16. Óscar Gómez Villalba. Se desempeñó como médico en la Policía Nacional. Llegó a ser designado con el rango de Comisario. Fue Director del Policlínico Policial “Rigoberto Caballero” e Inspector General de Sanidad. Según relatan algunos testimonios, participaba en su calidad de médico en los procesos de torturas. Una de las querellantes, Celsa Ramírez, quien se encontraba embarazada de 4 meses, identifica cómo tras su detención el 29 de noviembre de 1975 y traslado al DICP, mientras era torturada estaba presente un médico de nombre Oscar Gómez, quien hizo suspender la tortura después de varias horas. Otro de los querellantes, Santiago Rolón, lo reconoce físicamente como uno de los médicos que fue a visitarlo para comprobar su estado de salud después de las torturas.

Además de la identificación de los querellantes, su nombre se encuentra recogido entre los responsables determinados por la CVJ.

17. Ramón Saldivar. Fue Comisario del DIPC y Jefe de Vigilancia y Delitos. Los querellantes igualmente lo identifican como responsable de torturas administradas.

18. Victorino Lobatti. Fue Comisario del DIPC. Atendiendo al relato de algunos querellantes, es identificando como participante en procesos de torturas.

miércoles, 3 de septiembre de 2014

Paraguay y Argentina prosiguen negociaciones sobre hidroeléctrica

Una delegación del gobierno de Paraguay viajará la semana próxima a Argentina para continuar las negociaciones en torno a la administración y deuda de la hidroeléctrica Yacyretá, informó hoy una fuente oficial.

El director paraguayo de la entidad binacional, Juan Alberto Schmalko, dijo en rueda de prensa que el próximo 9 de septiembre, autoridades paraguayas viajarán a Buenos Aires para seguir avanzando en las conversaciones sobre la hidroeléctrica.

“Estaríamos acompañándole al canciller (Eladio Loizaga) en esta reunión de las altas partes con el ministro Juan Carlos López Moreira y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Victor Romero”, agregó.

Recordó que las autoridades argentinas han realizado reuniones internas para encontrar una respuesta a los pedidos de Paraguay, en el marco de la negociación sobre la administración y la deuda de Yacyretá.

Aseguró que “desde el inicio de las negociaciones se ha avanzado bastante, teniendo en cuenta que actualmente ya se le ha hecho llegar a la Argentina la propuesta de la cogestión para que eso pueda suscribirse lo más rápido posible”.

Respecto a la deuda de la entidad binacional, Schmalko aclaró que aún no tiene un acuerdo, pero se espera llegar al mismo en octubre próximo, como manifestaron los gobiernos de ambos países.

“Esa es la intención que dejaron plasmados los presidentes más que nada y ojalá que esto pueda concretarse realmente y que podamos seguir avanzando”, acotó.

martes, 2 de septiembre de 2014

Entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997

El pasado 17 de agosto del 2014, entró oficialmente en vigor la “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (ver texto completo).

Ello obedece al hecho que en esa fecha se cumplieron los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (la de Vietnam, obtenida el 17 de mayo del 2014), tal y como lo establece el texto de este tratado internacional, en su artículo 36. Han sido muchos años de espera para los que pretendieron, pocos años después de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo, lograr que los miembros de la comunidad internacional aceptaran, en un instrumento a vocación universal, un mínimo de reglas (incluyendo las de carácter ambiental) para permitir una gestión conjunta y armoniosa de cuerpos de agua compartidos entre Estados.

Un instrumento novedoso:

Se trata de un instrumento internacional que pretende facilitar la gestión, aprovechamiento y uso de los cursos de agua internacionales, desde una noción mucho más integral que la clásicamente usada de “rio internacional” o de “río fronterizo” al definir la noción de “curso de agua internacional” de la siguiente manera en su Artículo 2: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “curso de agua” se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por “curso de agua internacional” se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos;“. Como se puede apreciar, esta definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río (o de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas.

La convención establece una serie de principios generales (los artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados de un curso de agua internacional en la gestión y en el aprovechamiento de este, varios de ellos muy similares a los adoptados en la Convención de Helsinki de marzo de 1992 (Nota 1). Por ejemplo, el artículo 7 sobre la obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.

La lectura (y relectura) del artículo 7 y de algunos otros artículos posiblemente llame a la memoria un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años entre Estados ribereños de un río internacional, o que comparten una cuenca hidrográfica en diversas partes del mundo. Muchos de estos conflictos no encuentran solución satisfactoria debido al uso de nociones jurídicas que limitan un enfoque necesariamente integral, que conlleva cualquier intento de regular un recurso como el agua: este enfoque es precisamente el usado en materia de protección del ambiente.

Un instrumento casi ignorado en América Latina:

 Al consultar el estado de firmas y ratificaciones según la tabla oficial de Naciones Unidas (disponible  aquí), resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos hídricos, que cuenta con una buena cantidad de acuerdos bilaterales o regionales (Nota 2) y que cuenta con una gran cantidad de fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América Latina. Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser los únicos “logros” obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un (también sin fin …) número de foros y reuniones en América Latina. A la fecha, ningún Estado de América Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar un tratado, hay que ratificarlo. Una evaluación rigurosa (y ojalá crítica) de las distintas campañas de ratificación realizadas por algunas organizaciones se impone.

Independientemente de su entrada en vigor, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 1997) (Nota 3). Cabe recordar que el texto de esta Convención es el resultado de más de más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho internacional público en Naciones Unidas: los inicios de los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto de Convención fue aprobado por este órgano en 1994. Durante esos años, la CDI tuvo siempre la ocasión de contraponer los avances de su proyecto con las posiciones oficiales defendidas por los Estados, en las valoraciones de estos al texto propuesto expuestas en el seno de la VI Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de 1994, aprobado el anteproyecto por parte de la CDI, los Estados miembros de Naciones Unidas conformaron un grupo de trabajo inter-estatal, y lograron adecuar el texto para garantizar su adopción final mediante la resolución A/RES/51/229 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta última resolución fue adoptada en 1997 por 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron los siguientes Estados de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Por su parte, Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los “No shows” que sumaron en total 52 Estados, un número extremadamente elevado para la práctica usual en materia de votaciones en el seno del órgano plenario de Naciones Unidas (ver detalle del voto).

La protección ambiental del curso de agua internacional:

La Parte IV de esta convención (reglas aplicables a cursos de agua internacionales en materia de protección del ambiente) constituye una útil herramienta para Estados partes a una cuenca hidrográfica compartida. Varias de esas reglas pueden ser interpretadas como un eco cercano a lo dispuesto en la Declaración de Río de 1992. La formulación de estas reglas puede ser contrastada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010): este caso, resuelto de manera sumamente cuestionable – y cuestionada – por parte de los jueces de la CIJ, recientemente dio lugar a tensiones entre Argentina y Uruguay que analizamos brevemente en este artículo. De la misma manera el contenido de la Parte IV de la Convención deberá ser comparado con las reglas que sean enunciadas por parte de la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan: el asunto del dragado del río, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010 contra Nicaragua; y la denominada “trocha fronteriza” construida por Costa Rica, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011 contra Costa Rica. Ambos contenciosos fueron objeto de una inusual – e inédita – “unión” por parte de los jueces de la CIJ en el 2013 (Nota 4). Tuvimos de igual manera la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica desde la perspectiva de las implicaciones (para Costa Rica) de las regulaciones internacionales sobre recursos hidrográficos compartidos (Nota 5).

Conclusión:

Como suele a veces ser palpable, el derecho internacional tiende a modernizar de manera mucho más ágil que el derecho nacional el marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre cursos de agua internacionales. Dos Estados partes a esta Convención, España y Portugal, han logrado, por ejemplo, encontrar en ella una valiosa guía para la gestión común de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de las aguas superficiales y subterráneas que a
mbos Estados comparten. Leemos incluso que el primero de ellos, el convenio de Albufeira de 1998 titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia directa del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo reciente que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (Nota 6).

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente sirva también a inspirar a muchos Estados a firmar y a ratificar este instrumento internacional, en aras de facilitar la gestión conjunta de muchos cursos de agua internacionales, en particular en América Latina.
Nicolas Boeglin
——————–
* Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)