Parece una contradicción o paradoja que todo avenimiento o conciliación presuponga una controversia. No puede existir una solución sin problema previo. En el Paraguay la opinión pública está consciente de que nuestros gobiernos anteriores nada hicieron para salvaguardar los derechos del pueblo al disfrute de sus principales riquezas naturales, y que tal circunstancia, de ser desconocida o ignorada, puede generar una suerte de enfermedad maligna en las relaciones internacionales con los vecinos que perjudicará a las poblaciones afectadas.
Entretanto, la ebullición de la opinión pública no pronostica su conformidad o resignación ante la desmesurada evidencia del abismo. Ninguno de los periodistas o columnistas que expresamos una opinión hemos merecido la atención y estudio de nuestros razonamientos por gobierno alguno. Hasta que apareció el profesor Sachs para poner en blanco y negro la inexistencia de una gigantesca deuda que los vecinos esgrimen como sable amenazante, y además, lo que es más grave, que el dinero ingresado en Itaipú no fue suficiente para cancelar la deuda que subsiste como argumento reservado para cuando llegue el momento de entregar los derechos que corresponden al Paraguay, con el fin de evitar la entrega. La redacción del último artículo del anexo C deja claramente expresada la dependencia del acto de entrega respecto al “estado de la deuda”.
La revisión del Tratado, o la nulidad de sus cláusulas, o la impugnación del saldo de la deuda y la verificación de los actos de las partes en los años transcurridos exige un procedimiento que debe cumplirse ante un tercero, que tenga el poder de requerir la opinión de la Corte Internacional de Justicia. Este tercero está expresamente señalado en el Capítulo Séptimo del Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá de 1948, del cual fueron signatarias las tres naciones comprometidas por los Tratados de Itaipú y Yacyretá y es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por medio del procedimiento puede arribarse a una salida de las controversias que señalen las partes.
Pero estamos ante la paradoja de que ningún gobierno del Paraguay declara existente la controversia y sus términos, y mal puede así lograrse el objetivo, porque la opinión consultiva de la Corte Internacional debe ser solicitada “de común acuerdo” por los Estados partes.
Esto significa que en la medida en que el Paraguay no mueve su diplomacia hacia el fin propuesto, Brasil y Argentina seguirán disfrutando de los frutos de nuestra pereza.
Ambos Tratados contienen cláusulas que pretenden cerrar toda posibilidad de que el Paraguay presente sus derechos, pero como las opiniones consultivas ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son despachadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que también depende del citado organismo internacional, tendríamos, en caso de negarse a las petición de nuestra diplomacia, la evidencia de que nuestras vecinas no tienen voluntad alguna de avenimiento. Esto sería un precedente para pasar a la siguiente etapa que podrá cumplirse a pesar de que Brasil no se ha adherido a la competencia y jurisdicción de la Corte.
Me pregunto ¿qué pierde el Paraguay si eleva una nota en la que solicitaría el acuerdo de las vecinas en relación a los Tratados respectivos para pedir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten a la Corte las opiniones consultivas “sobre cualquier cuestión jurídica”? Lógicamente todo depende de nuestro Gobierno y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores. No olvidemos que toda enfermedad maligna crece en silencio.
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