Las teorías modernas de desarrollo económico y social consideran a la acumulación de capital humano como una de las fuentes inagotables de crecimiento por las externalidades positivas que genera en la sociedad y por el incremento en la productividad de las personas.
Esta inversión tiene una elevada rentabilidad social (por las externalidades), así como una elevada rentabilidad privada para la persona que invierte en su formación profesional porque le permite incrementar sus niveles de ingreso por la mayor productividad en su trabajo.
Según estimaciones de la Unesco (Financing Education: Investment and Returns, 2002), una persona que haya completado sus estudios universitarios puede llegar a tener un ingreso cuatro veces superior a una persona que solo haya terminado la educación media en nuestro país. Esto indica un elevado nivel de rentabilidad privada de invertir en la educación superior.
Por lo tanto, existe un incentivo muy importante para las personas de invertir en su educación y formación profesional, y existe un rol importante para el Estado de crear los mecanismos adecuados para proveer el acceso a la educación superior a las personas de menores recursos.
Por otro lado, ante la escasez de recursos públicos, es necesario crear nuevos mecanismos para el financiamiento de la educación superior.
En este sentido, el rol del Estado claramente está en garantizar el acceso igualitario a la universidad, independientemente de las condiciones económicas o sociales de origen de los estudiantes.
Teniendo en cuenta la elevada rentabilidad privada de invertir en educación superior, no existen razones para que la universidad sea gratuita para aquellos estudiantes que provienen de familias con capacidad económica suficiente que puedan financiar por sí mismos el costo de sus estudios, sin importar que la universidad sea privada o pública.
Sin embargo, para aquellos estudiantes que provengan de familias que no tengan la capacidad económica para solventar sus estudios, es necesario crear un régimen de becas universitarias con financiamiento del Estado, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
El acceso a las becas sería competitivo, priorizando a aquellos estudiantes que obtengan los mejores resultados en los exámenes de ingreso de carácter nacional y que puedan verificar con sus ingresos familiares la incapacidad de solventar sus estudios.
De esta manera, las universidades pueden incrementar sus ingresos. Por un lado, con los recursos que provienen de las matrículas de los estudiantes con capacidad económica y, por otro lado, con las becas que percibirán del Estado por los estudiantes sin capacidad económica suficiente.
Esta combinación de financiamiento público y privado puede permitir mayores recursos para la educación superior, y una mayor equidad en el acceso de personas con escasos recursos a la misma.
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