sábado, 5 de julio de 2014

OEA respalda a Argentina ante la "aberración" de los fondos buitre


TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN

A Argentina se le acaba el tiempo para negociar una salida con los “fondos buitre” y evitar el segundo default en lo que va de siglo. A juicio del gobierno de Buenos Aires, el problema además no es solo económico, es también político, una cuestión de “soberanía”. Por ello, requiere una acción “urgente” de la comunidad internacional para frenar una situación “desquiciada” que puede sentar un peligroso precedente mundial y “poner en jaque” a todo el sistema financiero internacional.

Con este mensaje acudieron el jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y de Economía, Axel Kicillof, que reclamaron durante una reunión extraordinaria de cancilleres “soluciones urgentes, no sólo pronunciamientos”. Es decir, una actuación “pronta” de la comunidad internacional para que su país no caiga en el “precipicio” que supone la obligación judicial de pagarle a los “fondos buitre”.

“Vamos a seguir negociando [...] pero no vamos a aceptar la extorsión, no vamos a aceptar medidas contra el pueblo argentino, vamos a negociar, pero no nos vamos a suicidar”, proclamó Timerman.

“Argentina está comprometida con el diálogo, quiere negociar como lo ha hecho siempre, pero pide igualdad de condiciones”, corroboró Kicillof.

El gobierno argentino tiene el lunes una cita en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador entre el país sudamericano y los fondos de inversión que no quisieron aceptar una quita de su deuda. El abogado fue designado por Thomas Griesa, el juez estadounidense que ha ordenado al gobierno de Cristina Fernández pagar a los “fondos buitre” los 1.300 millones de dólares que le reclaman desde hace años a Buenos Aires. Kicillof aseguró desde Washington que su delegación acudirá a la cita, pero para negociar se necesita, subrayó, que las condiciones sean “justas, equilibradas y legales y que contemplen los derechos del 100% de los acreedores” del país sudamericano.

“No podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión y le pedimos al mundo, a la OEA, que tome cartas en el asunto”, pidió.

En las cuatro horas de reunión en la sede de la OEA en Washington no faltaron las entusiastas manifestaciones de solidaridad —”hagamos un solo bloque de apoyo irrestricto”, pidió el canciller venezolano Elías Jaua— y hasta de condena del “cáncer para la humanidad” que supone en líneas generales el sistema capitalista, en palabras de su par boliviano David Choquehuanca.

Elocuencias aparte, en la región caben pocas dudas: la situación en que se encuentra Argentina tras la decisión judicial es una “injusta aberración” que “no solo amenaza la estabilidad financiera (argentina) sino que daña gravemente los mecanismos de reestructuración de deuda soberana que se han venido desarrollando con el acuerdo de los organismos internacionales de crédito”, advirtió el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.

Pero a la hora de los hechos, más allá de un “pleno apoyo” a la posición argentina, no se concretaron la noche del jueves en Washington propuestas pese al consenso, constatado en la declaración final, sobre la necesidad de “contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos, permitiendo hacer frente a problemas de sustentabilidad de deuda en forma ordenada”.

Así, en su declaración final la OEA se limita a unirse a otras organizaciones internacionales en su “pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina”.

Y también su “respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagando su deuda, honrando sus compromisos financieros y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores”.

Es “esencial para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera internacional”, subraya la declaración, “garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas, sean respetados”.

Pese a lo suave de la declaración —el texto no tiene siquiera el peso de una resolución— Estados Unidos dijo verse obligado a poner una “nota a pie de página” manifestando que no puede apoyar el texto porque “sigue el asunto sigue en el proceso judicial”. También Canadá se desmarcó de la iniciativa, pese a “reconocer la posición difícil” en que se encuentra Argentina y los pasos que ya ha dado.

El canciller argentino lamentó que Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, eludieran unirse al respaldo “amplio y explícito” del resto del hemisferio, sobre todo cuando Washington “año tras año nos inunda con informes sobre la situación doméstica” en cada una de las demás naciones.

Aun así, Timerman y Kicillof manifestaron su “inmensa satisfacción, alegría y orgullo” por el “unánime apoyo de América Latina y el Caribe” a la posición argentina y su “unánime rechazo a los fondos buitre”

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