domingo, 7 de septiembre de 2014

Luchemos contra la ilegalidad

Entre los desafíos más importantes de cualquier gestión gubernamental en nuestro país figura enfrentar uno de los problemas crónicos más profundos que afectan a la sociedad: la ilegalidad y la informalidad. Se trata de una tarea pendiente, que se arrastra de una administración a otra, año tras año, y en la que apenas se notan pequeños avances de tanto en tanto.

Operar al margen de la ley o sin las debidas formalidades representa incluso, en ciertos ámbitos, un signo de astucia o de habilidad, una suerte de pauta cultural negativa que los paraguayos debemos desterrar definitivamente y con urgencia. Es crucial entender que tanto individuos como organizaciones colectivas –empresas, gremios, clubes, partidos, etc.– deben ajustar su conducta y sus acciones a los dictados de la ley, no solo porque así lo dispone la más elemental convivencia social, sino además porque es conveniente para todos, en un sentido ético y también material.

El desarrollo social, el crecimiento económico, la prosperidad en definitiva, están estrechamente asociados a una cultura de respeto a las leyes y formalidades. Sin ésta será inútil pretender un efectivo progreso de nuestra nación, que quedará condenada a la pobreza y al atraso. Por eso la iniciativa del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de lanzar un Programa de Formalización y lucha contra la ilegalidad merece el mayor y más enérgico respaldo.

Integran este programa representantes de los Ministerios de Hacienda, de Educación y de Industria y Comercio, así como funcionarios y técnicos del IPS. La visión de esta iniciativa se enfoca, más que en el aspecto estrictamente represivo, en la labor de concienciación y educación, mostrando la conveniencia para las personas y empresas de la formalización y el trabajo decente y digno e incentivando a quienes, por ignorancia o simple negligencia, se encuentran fuera de los parámetros de la ley a legalizar sus prácticas y relaciones.

Con una buena asesoría y soporte técnico, la mayor parte de las firmas y empresas se sumará sin objeciones a esta iniciativa. En este sentido, uno de los pilares del programa son las reuniones con gremios empresariales y organizaciones de productores. No se trata solo de la exposición esporádica de las ventajas de la legalidad ante un auditorio, sino de un acompañamiento sistemático que apunta a implantar nuevos paradigmas en las operaciones cotidianas de las empresas.

Asimismo, vale la pena destacar el acercamiento a colegios y universidades para la difusión de los valores de las empresas legales y formalizadas y del trabajo decente. Si se busca un cambio duradero, que transforme efectivamente las pautas culturales negativas, es indispensable trabajar sin descanso con las nuevas generaciones, para que la nueva visión –positiva y constructiva– se integre desde el principio en los futuros profesionales, trabajadores y empresarios.

La ilegalidad en cualquiera de sus formas –la evasión tributaria, el incumplimiento de las normas laborales, la violación de las disposiciones ambientales, etc.– representa una pérdida permanente para el conjunto de la sociedad. No solo afecta las recaudaciones, sino que además priva de puestos de trabajo a miles de personas.

El combate frontal a la ilegalidad y la informalidad debe convertirse en una bandera esencial del presente gobierno, que tiene la oportunidad histórica de marcar una diferencia sustancial y definitiva en este campo con la gestión de anteriores autoridades.

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