domingo, 7 de septiembre de 2014

Política petrolera

Después de haber sido embajador norteamericano en Asunción, el señor James Cason regresa como representante de una empresa petrolera. Nos trae una grata noticia: el Paraguay tiene la posibilidad de convertirse en una segunda Oklahoma.

Oklahoma ha sido uno de los grandes estados petroleros de los Estados Unidos, y sobre ese estado he leído lo siguiente. En agosto de 1931, su gobernador Bill Murray declaró la ley marcial y cerró todos los pozos petroleros hasta que el precio llegara a un dólar por barril. (Había caído muy por debajo, a causa de una explotación irracional de los yacimientos). Parando la producción, se alcanzó ese objetivo. Medidas similares se tomaron en Texas, donde el precio había bajado a diez centavos de dólar por barril, y también en Luisiana. El presidente Franklin Roosevelt intervino para limitar la producción e impedir el desmoronamiento de los precios. Roosevelt, además, limitó las importaciones de petróleo.
Aunque aquellas restricciones se levantaron más tarde, el Gobierno norteamericano siempre ha prestado especial atención a la producción y aprovisionamiento de petróleo, un material estratégico; lo mismo han hecho los Gobiernos de otros países desarrollados. Buenas o malas, sus decisiones han sido el resultado de una política bien definida, según muestra Daniel Yergin en su libro El premio, sobre la historia y la importancia de los hidrocarburos.

¿El Paraguay tiene una política similar? No que yo sepa. La intervención gubernamental se ha manifestado a través de Petropar, una institución a la que se le exigen cosas contradictorias: ser eficiente y obedecer consignas partidarias. Más de un presidente de Petropar ha caído por no complacer a los políticos de turno.

Petropar, por otra parte, no tiene participación en la exploración y explotación de los hidrocarburos del país, según el proyecto de ley presentado por el Frente Guasu en mayo de este año. El proyecto critica la ley vigente (779/95) por no garantizar debidamente la protección del medio ambiente y conceder al Gobierno regalías del 10% al 14% sobre la extracción bruta del petróleo, siendo que ya se había llegado al 50% para el Gobierno en varios países productores hacia 1960.

Haciendo de lado el texto de la ley, ¿qué posibilidades existen de su cumplimiento? Esto depende de la honestidad de la administración pública, que deja y dejará mucho que desear mientras no se decida tomar las medidas del caso. Mientras sigan las listas sábana, seguirán los funcionarios corruptos.

La corrupción puede hacer que la riqueza natural se malogre, porque el petróleo hace aflorar lo mejor y lo peor del ser humano; como dice Yergin, puede promover el progreso y el bienestar, como financiar revoluciones y guerras. Para evitar lo peor, es fundamental la transparencia en el manejo de las concesiones.

Por Guido Rodríguez Alcalá

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